La juez del 'caso de los ERE' desvela «relaciones» entre el 'conseguidor' y los Ruiz-Mateos

La juez Mercedes Alaya, la instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, desvela en uno de sus autos las «relaciones» que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz-Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, conocido como el 'conseguidor', a quien atribuye un «exagerado enriquecimiento» de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20%, e incluso del 29%, que recibía de aseguradoras por la adjudicación de fondos públicos para planes de prejubilación. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el «alimento» del que se nutrían todas los miembros de esta red.

La juez atribuye a Lanzas la obtención de la financiación autonómica para el ERE acordado en Comercial Alimentaria 'Dhul'. En el procedimiento intervinieron las aseguradoras Personal Life y Vitalia, con una «comisión del 19%» y la inclusión en el ERE de tres 'intrusos'; la esposa de un sindicalista de CC OO y dos «cuñados» del propio Lanzas.

Alaya, en este punto, señala, según Europa Press, las «relaciones» entre Lanzas y la familia Ruiz-Mateos», porque el inculpado habría sido para esta conocida familia un «conseguidor de financiación pública y negocios de interés». Así, explica que Lanzas cosechó financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia «cobrando supuestamente» tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por expediente. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero «en la casa de los señores Ruiz-Mateos».

La partida 31L

El sumario investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, la segunda de las instituciones habría librado 647,9 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a esa partida, una fórmula en la que se prescindió de fiscalización administrativa, según la investigación.

Merced a estos fondos, habría sido financiada la prejubilación fraudulenta de 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes o miembros del PSOE.