El abogado de Guerrero abandona su defensa en el caso de los ERE

El caso de los ERE sigue dando sorpresas. El abogado Fernando de Pablo decidió ayer renunciar a la defensa del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el pasado miércoles y que está considerado uno de los cerebros de la trama de corrupción destapada por la jueza Mercedes Alaya en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Guerrero, en prisión provisional, comunicada y sin fianza deberá buscarse un nuevo abogado.

Fernando de Pablo, que también fue letrado del menor 'el Cuco', condenado en el caso Marta del Castillo, ha decidido abandonar la defensa por «disparidad de criterios» con Guerrero, al desobedecer este su recomendación el pasado miércoles de no declarar ante la jueza Alaya, según confirmaron fuentes del caso a Europa Press.

Guerrero, que fue detenido en marzo del pasado año y puesto en libertad en octubre tras pagar una fianza de 50.000 euros, se enfrenta ahora a una situación mucho peor. El rastreo de sus cuentas y propiedades ha permitido a la Guardia Civil corroborar que incrementó su patrimonio con cuatro inmuebles inscritas a nombre de su esposa, Lourdes Otero e ingresos sustanciosos en sus cuentas, muchos de procedencia desconocida.

Según la investigación, el excargo de la Junta llegó a recibir dádivas de los inculpados Antonio Albarracín (Vitalia), Juan Lanzas (conseguidor) y José González Matas (Uniter) a cambio de omitir la licitación pública para la mediación en los procesos de los expedientes de regulación de empleo, por los que las mediadoras llegaron a cobrar sobrecomisiones por encima del 15%.

Por este sistema Guerrero se habría embolsado al menos 249.000 euros. Guerrero tuvo además otros ingresos en sus cuentas por 303.588,31 euros de procedencia desconocida, de los cuales 254.584 euros fueron en cantidades menores de 3.000 euros para no levantar sospecha, ya que las entidades no están obligadas a identificar al impositor. También, a parte de los sobres recibidos, a la investigación le consta 11.800 euros procedentes de Vitalia por orden de Albarracín. Además, Guerrero incluyó a su suegra como 'intrusa' en un ERE de SOS Cuétara, por el que llegó a percibir una póliza de 198.876 euros.

En su declaración, Guerrero dijo «quedarse de piedra» al escuchar los datos y negó haber recibido dinero alguno de las aseguradoras o de los imputados mencionados. Respecto a su suegra argumentó que no la veía como tal sino como una «extrabajadora». La jueza le envió de nuevo a a prisión acusado de cohecho, asociación ilícita, malversación y prevaricación.

La última gestión de su abogado durante dos años ha sido la petición de excarcelación tramitada ante la jueza Alaya. En el recurso señala lo mismo que el letrado de Lanzas que no se pueden destruir pruebas o obstaculizar diligencias puesto que el sumario de las sobrecomisiones está declarado secreto.

Por otra parte, Ismael Sierra, cuñado del 'conseguidor' Juan Lanzas, abandonó ayer la cárcel de Sevilla donde se encontraba interno desde el pasado sábado tras abonar la fianza de 50.000 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.

Fuentes del caso informaron a Europa Press de que los 50.000 euros abonados por Ismael Sierra proceden de la indemnización que le ha correspondido recientemente a su exmujer -de la que se encuentra separado judicialmente- por su despido de Telefónica.

Tras su puesta en libertad, siguen en prisión, además de Guerrero y Lanzas, los exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín, Eduardo Pascual y María Vaqué y Eduardo Leal.