Los sindicatos UGT y CC OO niegan el cobro de dinero fraudulento de los ERE

Los sindicatos UGT y CC OO salieron ayer en tromba para desmentir las acusaciones que les vinculan con el cobro de comisiones en el fraude de los ERE pagados con dinero público en Andalucía. Ambas organizaciones niegan cualquier implicación en «tramas corruptas», como las define la juez instructora, y ponen incluso sus cuentas a disposición de la Justicia para demostrar su transparencia. En un auto, la juez del caso apuntó que «los entornos» sindicales recibieron 4,3 millones de euros en comisiones de una de las consultoras implicadas por participar en la tramitación de las pólizas. «UGT no ha cobrado ni legalmente cantidades que se aproximen», recalcó el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, quien recordó que están personados en la causa como acusación particular.

En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, pidió que no se mezcle la labor sindical con actividades delictivas, y recordó que son las empresas, y no los sindicatos, las designan a las aseguradoras de los ERE. Además, explicó que las labores de asesoramientos en estos procesos de reestructuración se pagan con las cuotas de los afiliados o la empresa. «UGT no promueve ni capta ERE», subrayó en alusión a las supuestas funciones desempeñadas por Juan Lanzas, pieza clave en la investigación y que dejó el sindicato en 2002.

Por su parte, el secretario de Organización de CC OO, Fernando Lezcano, anunció que en caso de que aparezcan nuevos datos se plantearían reabrir la comisión interna de investigación creada en abril de 2011 para dar «mayor transparencia» a la actuación del sindicato en este caso.

Por otra parte, el caso de los ERE aparca temporalmente la vertiente judicial para dar el salto al terreno político. El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, anunció que su grupo parlamentario solicitará la comparecencia en el Congreso de los Diputados del jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, para que expliquen el marco normativo que amparó las ayudas irregulares. Los socialistas ya han tachado esta petición de «ridícula».

«Cajero de los ERE»

Si desde el PSOE se felicitaban porque la investigación ahora se centra en seguir la pista al dinero, olvidando disputas jurídicas, en su comparencia Zoido insistió en reclamar a Griñán que, como consejero de Hacienda en aquella época, explique cómo se nutría a través de las denominadas 'transferencias de financiación' esa partida 31-L. «El señor Griñán ha sido el cajero de los ERE», insistió Zoido, quien subrayó que «el dinero no lo tenía el consejero de Empleo, sino el de Hacienda, y este es, según el interventor general de la Junta, quien cebó sin límites dicha partida».

El responsable de los populares andaluces inquirió al presidente autonómico acerca de por qué durante su etapa al frente del Ministerio de Trabajo a mediados de los noventa aprobó una orden para evitar precisamente que las ayudas sociolaborales se concedieran «sin ningún tipo de procedimiento ni control», pero luego no aplicó esa norma en la comunidad.

La presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, calificó de «disparate jurídico» y una «burla» al Parlamento autonómico la petición del PP de comparecencia de Griñán. Recordó que ya se celebró una comisión de investigación sobre el presunto fraude de los ERE con ambos dirigentes.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, negaba en una entrevista publicada en el diario 'El Mundo' tener alguna responsabilidad política en el caso de los ERE fraudulentos. También rechazó estar al corriente de lo ocurrido en su momento o haber sido avisado por la Intervención General.