Un ajuste que llega tarde

Las medidas que ha puesto en marcha la SEPI para salvar a Navantia llegan demasiado tarde. Los astilleros públicos españoles se encuentran bajo un coma profundo dese hace varios años. Se ha tardado mucho tiempo en reaccionar para practicar su reanimación. ¿Desidia o abandono calculado? El plan de competitividad que aplicará su principal accionista para evitar la quiebra de la empresa es un claro brindis al sol a la espera de que lleguen nuevos contratos que alarguen un poco más la agonía de Navantia. La solución se antoja complicada. La SEPI, organismo que depende de Ministerio de Hacienda con participación directa en 18 empresas públicas, trata desde hace un año de poner orden dentro de la casa. Los nuevos gestores han metido mano en la Agencia y EFE y persiguen ahora rentabilizar a toda costa la RTVE. Sin embargo, Navantia es un hueso duro de roer. Meter la tijera en el sector naval obliga a tener muy bien definida la estrategia de acción y, sobre todo, concretar el futuro de los astilleros. Precisamente este es el debate interno que tiene la SEPI con el Gobierno de la Nación. La compañía arrastra 169 millones de euros en pérdidas y las expectativas de recuperación son remotas, pese a que el plan de ajuste puesto en marcha pretende que en dos años se pase de números rojos a negros, algo muy cuestionable, ya que no hay contratos a la vista que ayuden a paliar este desaguisado. Los gestores confían en que el recorte de sueldos propuesto y las medidas de ahorro planteadas ayuden a suavizar el agujero. Pero el problema radica en el futuro de un sector, que ha perdido atractivo y, sobre todo, competividad en el mercado. La producción de Navantia como empresa constructora no es rentable. Los asiáticos son capaces de fabricar los mismos barcos un 50% más barato y sus principales competidores lo hacen incluso por un 15% menos. Estos números traen de cabeza a la SEPI, que lleva meses deshojando la margarita para decidir si mantiene su apuesta por el negocio de la construcción naval o, por el contario, convierte a Navantia en una empresa de servicios para el mantenimiento y la reparación de buques. Cualquiera de las dos medidas implica decisiones traumáticas para su plantilla. Navantia no puede seguir con seis plantas abiertas (tres en la Bahía, dos en Galicia y una en Cartagena) que se dedican a lo mismo. El coste es muy alto y el beneficio, nulo. Si la SEPI opta por seguir adelante con la construcción naval, algo poco probable, sobran factorías y, si por el contrario, decide orientar el negocio hacia el mantenimiento, sobran también factorías. Todo apunta hacia una solución mixta que conlleva un importante recorte de plantilla, no son necesarios 5.200 trabajadores para los nuevos planes, y apostar por las factorías estratégicas, es decir, por aquellas que se encuentran próximas a los arsenales militares. La intervención quirúrgica llega muy tarde. Navantia no firma un contrato de construcción naval desde 2007. Han pasado demasiados años esperando un maná que, finalmente, no ha llegado. Al contrario. Se ha visto atrapada por los efectos devastadores de la crisis y con el cierre del grifo de su principal cliente: la Armada española. Los gestores de la etapa socialista tenían que haber previsto el tropezón que se venía encima y los nuevos gestores del Gobierno del PP son también responsables por no haber practicado una cura de urgencia cuando llegaron. La gangrena se ha extendido y toca ahora amputar.