De la doble orden contra Pinochet a los intereses por instruir el 11-M

Los conflictos de competencias entre jueces, sin ser frecuentes, se viven con cierta naturalidad en la Audiencia Nacional. El patrón común es una investigación generalmente relevante y con importantes implicaciones políticas, lo que presupone la presencia de intereses ocultos fuera de la judicatura.

A veces, tras el tira y afloja entre los instructores, el asunto se arregla antes de que llegue a la Sala de lo Penal, pero cuando no queda más remedio tiene que intervenir el órgano superior jerárquico para resolver quién debe de asumir el caso.

El 13 de octubre de 1998, dos jueces de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón y Baltasar Garzón, enviaron sendas órdenes de detención a las autoridades británicas, vía Interpol, para interrogar en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet, que se recuperaba de una operación quirúrgica.

El follón fue monumental, ya que los instructores investigaban casos de desapariciones en Chile y Argentina, respectivamente. La competencia era de García Castellón por territorialidad, pero Garzón maniobró con rapidez para quedarse con el caso. Admitió una querella por la implicación de Pinochet en la 'operación Condor', que implicaba a los dos países sudamericanos, y negoció con Interpol la orden para asegurar que el general no iba a abandonar el país.

Una semana más tarde García Castellón tiró la toalla y entregó el sumario a Garzón, que dio su salto al estrellato internacional. En este caso, el conflicto de competencias no llegó a la Sala de lo Penal.

Sí lo hizo el que dirimieron en abril de 2004 los instructores Juan del Olmo y Teresa Palacios por la explosión en el piso de Leganés, derivado de la matanza del 11-M. El entonces fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, se posicionó con Palacios pese a que Del Olmo ya investigaba los atentados de los trenes. La razón del fiscal era que acumular los dos sucesos podría lugar a un macrosumario perjudicial para la instrucción.

Palacios rechazó dos veces su inhibición, alegó que ella era la juez de guardia cuando se produjeron los hechos y aseguró que no había más conexión salvo que «algunos» de los autores pudieron ser los mismos.

Del Olmo planteó una cuestión de competencias y la Sala de lo Penal, reunida en pleno a propuesta de varios magistrados, le dio la razón por unanimidad. Entonces, el presidente de este órgano ya era Javier Gómez Bermúdez, que ahora ha descendido un peldaño a los juzgados de instrucción.

La sala argumentó la conexidad delictiva para la acumulación de las dos causas en uno y alegó los principios de economía y eficacia procesal para darle la razón a Del Olmo.