Chipre acepta un tajo del 20% a los grandes depósitos para evitar la bancarrota

Chipre se aleja del abismo de la bancarrota. El Gobierno de la isla alcanzó ayer un principio de acuerdo con la UE para desbloquear su rescate y espantar el fantasma de su salida del euro. Acosado por un ultimátum que expira mañana, el Ejecutivo aceptó imponer un impuesto excepcional del 20% a los depósitos de más de 100.000 euros en el mayor banco del país y de un 4% en el resto de entidades. La tasa busca recaudar los 5.800 millones exigidos por los socios y duplica a la rechazada por el Parlamento el martes. Entonces, Nicosia confiaba en encontrar alternativas al tajo para proteger su sector financiero, pero la factura ha sido más alta. Los pequeños ahorradores, que inicialmente debían hacer frente a un gravamen inferior, quedan a salvo.

El Gobierno isleño selló el pacto preliminar con los negociadores de la 'troika' formada por el BCE, la Comisión Europea y el FMI. El consenso supone un salto adelante crucial, pero todavía quedan decisiones indespensables para que el rescate pueda activarse. Los chipriotas deben ratificarlo en el Parlamento, un paso complicado dada la corta mayoría del Ejecutivo, y el Eurogrupo tiene que hacer lo propio en su reunión extraordinaria de esta tarde. El comisario de Economía, Olli Rehn, eludió confirmar el acuerdo, pero reconoció los «progresos» de Nicosia. El responsable finlandés advirtió al país de que solo pueden elegir entre «duras soluciones». «El futuro a corto plazo será difícil, aunque la UE ofrecerá todo su respaldo», añadió.

Más poderes al Gobierno

El consenso fue posible porque Chipre cedió en la aplicación del impuesto a los depósitos, una medida que había intentado enterrar en los últimos días. El Gobierno no tuvo más remedio que asumir la tasa ante su incapacidad para lograr los 5.800 millones exigidos. En una economía que apenas representa el 0,2% de la zona euro, no resulta nada fácil encontrar una cantidad de semejante altura. El Eurogrupo ya se lo había advertido tras el acuerdo alcanzado la semana pasada, pero el Parlamento votó mayoritariamente en contra. Los socios defienden que las cuentas con fondos abultados son, en realidad, inversiones atraídas por suculentos intereses. Por ello, insisten en que paguen parte de la factura de recapitalizar las entidades.

El Eurogrupo exige la quita como parte de un conjunto de medidas enfocadas a reducir el tamaño del sector financiero, que supera en ocho veces su Producto Interior Bruto (PIB). Se trata de una vía intermedia a lo sucedido en Islandia. Allí, el Gobierno dejó caer a los bancos al negarse a proteger a los grandes inversores exteriores, que perdieron todo su dinero. Los socios del euro reclaman la aplicación del impuesto, pero sin llegar tan lejos como en la isla nórdica. La situación se complicó mucho en el caso de Nicosia porque en un principio también se pidió que las cuentas con menos de 100.000 euros asumieran pérdidas. Pero la legislación comunitaria blinda expresamente este nivel de ahorros y en toda Europa se criticó con dureza ese tipo de medidas.

Chipre se inclinó inicialmente por una tasa universal para minimizar el impacto sobre su sector bancario. Aunque la isla también vive del turismo, los ingresos proporcionados por los inversores rusos son una fuente de riqueza enorme. El problema es que la obstinación le ha salido cara. En principio rechazó un tajo del 9,9% a los depósitos más elevados, pero ese nivel se ha quedado corto. Ante la presión de la 'troika', el Ejecutivo aceptó elevar la tasa hasta un 20%. La medida afecta solo a la mayor entidad nacional, el Banco de Chipre. Lastrada por su exposición a Grecia, cuenta con casi 28.000 millones en depósitos procedentes en buena medida del mercado doméstico. El resto del sector sufrirá un hachazo más reducido del 4%.

Los clientes de Laiki, el segundo banco de la isla, afrontan un panorama todavía más negro. En uno de los pasos que más contribuyó a agilizar las negociaciones, el Parlamento aprobó el viernes el inicio de la liquidación de la entidad. Nacionalizada desde 2012, correrá la misma suerte que las firmas islandesas. El Gobierno ha garantizado que los 361.000 ahorradores con menos de 100.000 euros tienen su dinero a salvo, pero el resto podrían quedarse sin nada. «Habrá que esperar años para ver cuánto pueden recuperar», reconoció el 'número dos' del partido del Gobierno, Averof Neofitou.

La normativa para proceder con la reestructuración de Laiki vino acompañada de una ampliación de poderes del Gobierno para que pueda restringir el movimiento de capitales. Bruselas había exigido su aprobación ante los problemas que pueden presentarse el martes, cuando se prevé el levantamiento del 'corralito'. Hasta ahora, la isla ha vivido con relativa calma las limitaciones gracias a que los cajeros se reabastecen regularmente. Cuando las entidades reabran sus puertas, se pretende evitar una fuga de capitales que debilite todavía más al país.

No obstante, el desbloqueo final del rescate depende de la reunión de hoy del Eurogrupo. Alemania se ha mostrado inflexible desde que el Parlamento chipriota rechazó en primera instancia el salvavidas. Su respaldo es indispensable para que el BCE retire su ultimátum de cortar mañana la financiación de emergencia a la banca isleña, advertencia que lanzó sin un claro deseo de cumplirla cuando el rescate descarrilaba.