Alaya encarcela a la cúpula de una de las consultoras por la trama de los ERE

La jueza Mercedes Alaya puso fin ayer a una larguísima jornada de interrogatorios enviando a prisión a los últimos cuatro detenidos por la trama de las sobrecomisiones en las pólizas de los ERE pagados por la Junta de Andalucía, y que según la Guardia Civil pudo haber desviado 50 millones de euros. Después de 24 horas seguidas, la instructora enviaba a prisión a la antigua cúpula de una de las consultoras que tramitaron el grueso de las prejubilaciones, Vitalia, y a dos supuestos testaferros del ex sindicalista y 'conseguidor' Juan Lanzas. La nueva fase de la investigación, con 30 imputados, se salda con un total de siete encarcelados por el momento, ya que tras tomarse un paréntesis en el día de hoy, la juez retomará mañana lunes la toma de declaraciones con uno de los directivos de otra de las consultoras, Uniter, y un letrado del bufete Villasís, que también medió en las pólizas y las ayudas a empresas en crisis.

Fuentes judiciales explicaron que tanto Eduardo Pascual, ex coordinador de Vitalia, como María Vaqué, que fuera administradora y directora general de la entidad, están acusados de los delitos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. En su declaración, otro de los encarcelados, el exasesor de la empresa Antonio Albarracín, los señaló como las personas que, desde Barcelona, dieron las directrices para el pago de comisiones a los mediadores y sindicatos o la inclusión de los 'intrusos' en prejubilaciones.

Sin embargo, Pascual -que está implicado junto a Vaqué en la presunta estafa del grupo Eurobank- defendió su inocencia y matizó que está apartado del negocio de los seguros de Vitalia desde finales de los 90, aunque continuó asesorando a sus antiguos socios. Negó un incremento de su patrimonio, e inquirió a la jueza para que «si piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo». «Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía», le espetó. Asimismo, explicó que el sistema de trabajo, con altas comisiones, era similar en toda España, y sí reconoció que hasta 2005 Andalucía supuso el 66 por ciento del volumen de actividad, pero luego bajó al 34 por ciento.

Junto a ellos han sido encarcelados Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, y Eduardo Leal. Ambos están acusados de los delitos de malversación, asociación ilícita, falsedad documental y un delito contra la Hacienda pública. Sierra, detenido en Granada, figura como administrador de Maginae Solutions, la empresa que intermedió en el ERE de Mercasevilla de 2007 en el que se intentó incluir como 'intruso' al propio Lanzas, y en otras tres empresas más. Por su parte, Leal era administrador único en las empresas de mensajería que Lanzas usó para facturar servicios inexistentes a Vitalia y 'blanquear' las comisiones.

Lanzas, acusado de asociación ilícita, malversación y cohecho, está considerado una de las piezas clave de esta parte de la investigación. Los autos judiciales desvelan que pudo haber cobrado casi 13 millones de euros en sobrecomisiones a través de un complejo entramado de sociedades 'pantalla'. Solo del holding Vitalia habría recibido, según consta en la Agencia Tributaria, casi seis millones. Un dinero con el que «gratificó» la colaboración del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, con quien compartió caros viajes al extranjero.

Durante la jornada del viernes, Alaya dejó en libertad con cargos a María José Marcos Férriz, esposa de Albarracín; a José González, hijo del administrador único de Uniter; a Roses Masa, administradora de Fortia; y Gregorio Martínez, amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y que fue durante un tiempo comercial de Vitalia por intermediación de éste. Supuestamente, Martínez fue la persona que suministraba cocaína al chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que tras prestar de nuevo declaración como imputado quedó en libertar con cargos. La misma situación que Patrocino Sierra, esposa de Lanzas.