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La vicepresidenta, tras el Consejo de Ministros. :: JAIME GARCÍA
Economia

El Gobierno acuerda convocar unas 600 plazas de empleo público para este año

La mitad de los 1.221 puestos de trabajo incluidos en la oferta aprobada ayer por el Ejecutivo son de promoción interna

CÉSAR CALVAR
MADRID.Actualizado:

El Gobierno dio luz verde ayer a la oferta de empleo en la Administración General del Estado para 2013. La normativa prevé la convocatoria de 1.221 plazas, pero solo la mitad serán cubiertas por personal de nuevo ingreso. El resto de los puestos están reservados para promoción interna.

La cifra no incluye las incorporaciones previstas en las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, cuyas convocatorias serán aprobadas en fechas próximas, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Pese a estar formalmente congelada la oferta de empleo público, el Ejecutivo reservó en los Presupuestos Generales del Estado una tasa de reposición del 10% para cubrir plazas en actividades que considera «fundamentales» para el funcionamiento de la administración en un contexto difícil como el actual. De ahí que se ha «priorizado» el ingreso de personal en aquellos cuerpos que realizan funciones de lucha contra el fraude en sus distintas vertientes: fiscal, laboral, catastral y de seguros.

La convocatoria prevé sacar a concurso 422 nuevas plazas de personal funcionario y laboral, frente a las 133 plazas que se autorizaron en 2012. Entre esos futuros funcionarios, el grupo más numeroso estará constituido por los nuevos técnicos del Ministerio de Hacienda (subinspectores), a quienes el Ejecutivo reserva 50 plazas de nueva creación. Al mismo tiempo, otros 15 efectivos se incorporarán al cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado.

El decreto también contempla la creación de 10 nuevas plazas de inspectores de Trabajo y Seguridad Social y 24 de subinspectores del mismo ramo. En el cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado ingresarán 14 nuevos funcionarios y otros 6 en el de inspectores de Seguros. La convocatoria reserva 10 plazas para técnicos comerciales y economistas del Estado, 11 para abogados del Estado y 15 para diplomáticos. También hay puestos para expertos en supervisión de los mercados de valores, seguridad aérea y Administración de Justicia.

La vicepresidenta explicó, tras la reunión semanal del Ejecutivo, que a esas 422 plazas de nuevo ingreso se sumarán otras 133 que ya fueron aprobadas en el año 2012, pero que todavía no han sido convocadas.

Justicia

Por lo que se refiere a la Administración de Justicia, el Ejecutivo aprobó la convocatoria de 300 plazas. De ellas, 222 serán sacadas a concurso por comunidades autónomas con las competencias traspasadas, y otras 78 por el Ministerio de Justicia. Del total, 242 plazas corresponden al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y 58 son para secretarios judiciales.

El Gobierno aclara, al hacer el desglose de esos puestos, que solo la mitad de las plazas en el ámbito de la Justica serán de nueva creación. El 50% se reservan para su provisión mediante promoción interna, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, habrá otros 50 puestos reservados para jueces y fiscales. El ministro subrayó la «importancia» de la Justicia para «el desarrollo económico y social de España». Prueba de eso, explicó Alberto Ruiz Gallardón, es que casi un tercio de los 1.221 puestos a cubrir este año corresponden a esta administración.

Junto a las plazas descritas, el Gobierno convocó otras 449 de promoción interna, frente a las 347 de 2012. Con ello, el Ejecutivo sostiene que «hace un esfuerzo en fomentar la promoción interna como medio para que los empleados públicos progresen en su carrera desde grupos inferiores a superiores».

«Se superan con creces las 1.000 plazas», resumió Soraya Sáenz de Santamaría, quien resaltó además que la oferta reserva un cupo de 60 plazas a personas discapacitadas. Y añadió que con el diseño de esta oferta el gabinete de Mariano Rajoy ha querido compatibilizar la obligada austeridad en el gasto público con el mantenimiento de una administración «profesional y cualificada».