Los médicos quieren ser considerados autoridad pública

Los médicos españoles quieren tener más seguridad en el trabajo. Y, para conseguirla, necesitan tener el 'escudo' de autoridad pública en el caso de que sean agredidos para que se pueda denunciar como delito, una reclamación que impulsa la Organización Médica Colegial (OMC). Pero el primer escollo que se encuentra el máximo organismo de los colegios es las diferencias legales que hay entre las diferentes comunidades. El Observatorio de Agresiones de la OMC, que se presentó ayer, señala que Andalucía y Cataluña son las únicas comunidades cuyos colegios médicos tienen acuerdos con la administración autonómica y la Fiscalía para tratar estas agresiones, que en 2011 fueron 416. Son muchas para la OMC, pero suponen una cifra alentadora: supone un 16% inferior a 2011, cuando se produjeron 496, y 35 menos que en 2010 (451 agresiones).

En Castilla y León y País Vasco solo existen acuerdos de colaboración entre los ejecutivos regionales y los colegios, mientras que en Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid solo hay acuerdo con la Ficalía. Sin acuerdo de colaboración de ningún tipo están en Galicia, Asturias,Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Murcia. La OMC quiere eliminar estos tres niveles y para conseguirlo se reunió con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para ver cómo se puede enfocar en todo el territorio. Ya se han dado los primeros pasos desde la Fiscalía General, que apoya la reclamación de la OMC.

En cuanto a las agresiones en 2012, las consultas de atención primaria y los servicios de urgencias extrahospitalarias fueron los lugares donde se produjeron siete de cada diez agresiones denunciadas, que se produjeron en el Sistema Nacional de Salud. Nueve de cada diez agresiones son en centros públicos. Este estudio, creado a partir del asesinato en Murcia de una médica residente, analiza los perfiles tanto del agresor como del agredido. En cuanto al primer caso, el observatorio señala un empate en cuanto a quién agrede al profesional: el 56% de los casos se los reparten a partes iguales un familiar y un paciente sin cita previa. Un 25% de los casos es de un paciente programado y un 19% de usuarios del centro.