El recibo de la luz bajará un 6,7% en abril para 20 millones de usuarios

El recibo de la luz bajará desde el 1 de abril aproximadamente un 6,7%, después de que la subasta trimestral de electricidad celebrada ayer se saldara con un descenso de precios del 15%. Como esta puja marca aproximadamente la mitad de la evolución de la factura final de la electricidad, y siempre que el Gobierno mantenga su promesa de no subir los costes regulados -el ministro de Industria José Manuel Soria se reafirmó ayer en que así será-, los consumidores se encontrarán con que el recibo de la luz bajará después de muchos trimestres de incrementos. Este descenso afecta a los 20 millones de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso (TUR). No así a los 6,5 millones que negocian los precios en el mercado libre.

La mayor participación de las energías renovables en la generación de electricidad, unida a la sostenida disminución de la demanda energética están detrás de este descenso en la tarifa de la luz, el segundo desde que a mediados de 2009 se implantara el sistema de subasta eléctrica (conocida como Cesur) entre los comercializadores de último recurso (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.On y HC). La bajada del 2,4% registrada en la puja del pasado mes de septiembre (que fijaba los precios para el último trimestre del año) no fue percibida por los consumidores. En primer lugar, por el aumento en el tipo de IVA que grava el producto, que pasó del 18% al 21%. Además, porque entre agosto y diciembre del año pasado el recibo incluía los recargos por refacturación aplicados por las compañías eléctricas para compensar las congelaciones de tarifas que había decretado el Gobierno en octubre de 2011 y enero de 2013, y que fueron tumbadas en varias sentencias del Tribunal Supremo.

Descenso efectivo

Este año esos recargos ya no se pagan, así que los consumidores se beneficiarán del primer descenso efectivo en la factura de la luz en muchos años. Y eso que 2013 comenzó con una subida del 3% en el recibo, después de que la subasta de electricidad registrara un aumento de precios del 6,9%. La bajada del 6,7% prevista para el segundo trimestre del año en la tarifa eléctrica (es un dato estimado pendiente de confirmación oficial) supone un alivio para las maltrechas economías familiares que ven cómo, al tiempo que se reducen los salarios, los precios mantienen una senda alcista (subieron un 2,8% el pasado mes de febrero). Además, hay que tener en cuenta que, según datos de la OCU, el recibo de la luz se ha encarecido un 70% desde el año 2008.

Para compensar esa escalada de precios, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo decidió recientemente mantener congelados los costes regulados del sistema. Es decir, los pagos por la distribución y transporte de la electricidad, las primas a las energías renovables, las ayudas al carbón, o la amortización de la deuda tarifaria, entre otros costes. Esta parte regulada supone aproximadamente el 50% del recibo que llega a los consumidores.

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) se muestra muy crítica con la congelación de la parte regulada del recibo porque, argumentan, los precios deben adecuarse al coste de su producción. Además, denuncian que esa medida contribuye a engordar la deuda tarifaria, que es la diferencia entre los costes reconocidos del sistema, y lo que se recauda al consumidor final. El pasado año el déficit de tarifa ascendió a unos 5.500 millones de euros. En su conjunto la deuda suma cerca de 30.000 millones.

Medidas fiscales

El origen de ese desequilibrio se encuentra en la congelación de las tarifas aprobada el último año de gobierno de Felipe González, y la posterior bajada promovida por los Ejecutivos del Partido Popular. Una política de protección al consumidor que se mantuvo aproximadamente hasta hace diez años, y que propició que la bola de nieve de la deuda tarifaria alcanzara un tamaño descomunal.

Para solucionar lo que ya se ha convertido en una seria amenaza para las finanzas del Estado, el ministerio que dirige José Manuel Soria aprobó el pasado año una serie de medidas fiscales que gravan la generación eléctrica con un 7%, además de una disminución en las primas al régimen especial (las renovables). La contención de la deuda tarifaria se ha convertido en objetivo prioritario de Industria, que al mismo tiempo avanza en la confección de una nueva reforma energética que sustituya a la actual ley general vigente, que data del año 1997.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, avanzó el pasado martes en la presentación del Balance Energético 2012 que el Ejecutivo pondrá en marcha un «marco regulatorio estable» que al mismo tiempo tenga en cuenta la coyuntura económica. «Tenemos que hacer un ajuste en la parte regulada del sistema energético, que no puede ser una burbuja al margen de la economía», manifestó Nadal, quien no considera procedente que existan retribuciones al sistema «grabadas en piedra durante 25 años».