Los detenidos el 25-S no invadieron a la fuerza el Congreso

Ninguno de los 35 detenidos en la convocatoria frente al Congreso de los Diputados del pasado 25 de septiembre, a la que acudieron miles de personas, “realizó una invasión entendida como entrada a la fuerza o de forma injustificada” a la sede del Parlamento.

Seis meses después de aquellos hechos, la Audiencia Provincia de Madrid ha resuelto que, en contra de los informes policiales y la postura de la Delegación del Gobierno, “no existen indicios de que los imputados utilizaran medios ni realizaran actos que puedan considerarse idóneos para invadir a la fuerza el Congreso, como pueda ser el uso de armas o de otros elementos con adecuación suficiente para vencer la protección establecida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

El tribunal presidido por la magistrada Ana María Ferrer ha justificado que fueron establecidos una serie de cinturones de seguridad en torno a la Cámara Bajas y calles adyacentes con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento del pleno que se celebraba ese día, y que “ninguno de los hechos imputados tuvo lugar en zona lo suficientemente próxima a algunas de las entradas del Congreso”.

De esta manera, el tribunal ha entendido que no concurre un delito contra los Altos Organismos de la Nación, cuya competencia depende de la Audiencia Nacional y que está penado con entre tres y cinco años de cárcel. Tampoco indicios de tentativa de delito, tal y como justificó la Fiscalía para que la causa contra ocho de los 35 imputados se remitiera a la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, el tribunal estima los recursos de las partes contra la decisión del juzgado de instrucción número 8 de Madrid de inhibirse por no ser competente para investigar. No obstante, mantiene que las diligencias continúan en este juzgado por cuanto se han producido hechos que podrían ser constitutivos de determinados delitos contra el orden público.