Fiscal y acusación mantienen su petición de cuatro años de cárcel para Ortega Cano

La Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de cuatro años de cárcel para José Ortega Cano por un delito de homicidio imprudente y dos relacionados con la seguridad vial en el accidente de tráfico que costó la vida a Carlos Parra.

A juicio del fiscal, las pruebas periciales y los testigos sostienen un relato «con coherencia de principio a fin», y avalan que el diestro conducía bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad. No obstante, el torero volvió a insistir ayer en su turno de última palabra que no bebió aquel día y que lleva dos años «pasándolo muy mal».

El proceso judicial quedó ayer visto para sentencia tras los informes finales y la reconstrucción del accidente por parte del equipo técnico de la Guardia Civil y los peritos de parte. En una contundente exposición, el fiscal se mostró tajante para concluir que todos los datos apuntan a que Ortega Cano conducía ebrio y a gran velocidad, incluso provocando miedo a otros conductores. «Salvo que se sea un loco o un temerario, y este señor no lo es, nadie conduce de esa manera», subrayó en sus conclusiones finales. Consideró clarificador el informe elaborado por la Guardia Civil acerca de que el diestro circulaba a 125 kilómetros por hora, frente a los 50 de la víctima, y que tras tomar la curva por su carril se abrió hasta invadir el sentido contrario por completo, manteniéndose en él durante al menos 60 metros.

El informe de los agentes establece que el diestro sufrió «una distracción o desatención» causada «muy probablemente» por la ingesta de alcohol. Sin embargo, la defensa del torero, que reclama su absolución, volvió a reclamar que se anulase la prueba de alcoholemia -que tres horas después de la colisión arrojaba todavía una tasa de 1.26 gramos por litro de sangre- al haberse vulnerado el derecho a la intimidad del paciente al extraerse la muestra y a que no se mantuvo la cadena de custodia pertinente para un proceso penal.

Pero el fiscal se mantuvo firme y consideró que la práctica de esta prueba se ajustó a derecho. E incluso aseguró que aunque se anulase la prueba de alcoholemia «no hacen falta más pruebas que los actos externos» para concretar la conducta temeraria de Ortega Cano al volante. En este sentido, para el Ministerio Público los datos de la Guardia Civil quedaron avalados por los testigos que le sirvieron un combinado de whisky con refresco o le vieron bajar tambaleándose por la escalera de un hotel.

El fiscal concluyó su exposición lamentando que se hubiera llegado a juicio porque «hubiera bastado con reconocer el error, pedir perdón de verdad y no por medio de la prensa y cumplir la pena con dignidad, como ha ocurrido en otros casos anónimos».

Muerte anunciada

En la misma línea, la acusación particular incidió en la independencia del informe de la Guardia Civil, insistiendo en que según los testigos el torero iba «sobrado» y con una «descomunal» borrachera. Para los letrados que representan a la familia de Parra, el accidente fue «la crónica de una muerte anunciada» a raíz del comportamiento de Ortega Cano en los minutos previos al siniestro, que «debe pasar de acusado a condenado».

Una versión totalmente opuesta a la mantenida por la defensa del torero, que mantiene que Ortega Cano sufrió un vahído o desvanecimiento relacionado con una dolencia cardiaca. El letrado recordó en su intervención que ni los médicos que atendieron al diestro en el lugar de la colisión ni los propios guardias civiles apreciaron una sintomatología etílica, e insistió en que su defendido «no tomó alcohol y estaba perfectamente cuerdo y en situación de control».

«No sé si fue un vahído o somnolencia en ese momento, pero se lo digo con todos los honores y permiso de Dios», remató el diestro, «por mi salud y por mi vida no debo beber y no bebí ese día. Que sea lo que Dios quiera y lo que la Justicia dictamine», remató Ortega Cano antes de dejar el juicio visto para sentencia.