Los trabajadores pierden un 6,5% de poder adquisitivo en 2012

El poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores cayó un 6,5% en 2012, debido a una reducción del coste salarial del 3,6% y a un aumento de la inflación del 2,9%. Un informe de UGT destaca que desde 2010 se produce un descenso del coste salarial real, una situación provocada tanto por el descenso en la variación de los costes salariales, como por efecto de la subida de los precios. Y esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios se acentúa notablemente en el último año.

Así, frente a un aumento del coste salarial real del 1,9% en el año 2009, (resultado de un aumento salarial del 2,7% que superó la inflación registrada del 0,8% en ese año de recesión), en 2010, el coste salarial real cayó un 3% y en 2011, un 1%. El año pasado, la pérdida fue seis veces superior. España ha ganado competitividad a través de la devaluación salarial y del recorte de costes laborales. Debido a esta reducción, sumado a la destrucción de puestos de trabajo, por primera vez la participación de las rentas empresariales y de la propiedad en el Producto Interior Bruto (PIB) superó en el último trimestre de 2012 la de la remuneración de los asalariados: un 46,1% las primeras frente al 44,2% de la segunda. Sólo un año antes, la remuneración de los asalariados suponía el 47,5% del PIB y el excedente bruto de explotación el 44,7%.

La encuesta trimestral sobre costes laborales y salariales del Instituto Nacional de Estadística muestra que el coste laboral que las empresas pagaron por trabajador ha disminuido un 3,2% en 2012 respecto a 201. Por cada trabajador, las empresas pagaron 2.598 euros, casi 89 euros menos que en el cuarto trimestre de 2011.

El coste salarial cayó un 3,6%, cuatro décimas más que el laboral y es el primer descenso desde que comenzó la crisis. El informe de UGT señala que los costes salariales no ordinarios, es decir, los pagos extraordinarios, son los que han mostrado un descenso interanual más acusado: un 20,6%. Una cifra acorde con los recortes sufridos por los asalariados en pagas extras, especialmente en el sector público. Asimismo, se produce un fuerte descenso de las subvenciones y bonificaciones de la seguridad social (un 40,6%), derivado de la menor contratación, y una fuerte reducción del coste por despido (un 23,2%), consecuencia del impacto que están teniendo las medidas incluidas en la reforma laboral.