Las autoridades galas registran el piso de Lagarde en París

La Policía francesa ha registrado el domicilio parisino de la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dentro de la investigación abierta por el proceso de adjudicación de una millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie.

Su abogado, Yves Repiquet, ha confirmado a los medios franceses la información, pero ha destacado que va a servir para "esclarecer la verdad" y contribuir a "exonerar de toda responsabilidad penal" a su clienta.

La investigación a Lagarde por parte de la Justicia francesa se abrió oficialmente en agosto de 2011, con el objetivo de verificar si en 2008 intercedió de forma presuntamente ilegal para conceder una multimillonaria indemnización a Tapie e incurrió en los delitos de complicidad en falsificación y desvío de bienes públicos. La entonces ministra de Economía de Francia decidió que el monto de esa compensación por la venta de Adidas, empresa embargada a mediados de la década de los 90, fuera fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales, tras 18 años de litigios. La elevada cuantía acordada, de 285 millones de euros que con los intereses se acercaba a los 400, sorprendió a varios diputados socialistas, que acabaron acudiendo a la Justicia para denunciar el procedimiento.

Otros domicilios registrados

Un documento del Tribunal de Justicia (CJR), difundido en agosto de 2011, indicaba que hay "indicios graves y concordantes que permiten sospechar que, bajo la apariencia de regularidad de un procedimiento de arbitraje, se esconde una acción concertada para otorgar" a Tapie una indemnización que no habría podido obtener por la vía judicial.

Dentro de la investigación abierta, según recuerdan los medios franceses, la Policía se ha presentado también recientemente, entre otros, en los domicilios del entonces secretario general del Elíseo, Claude Guéant, del propio Tapie y de Stéphane Richard, que dirigía el gabinete de Lagarde cuando se produjo el arbitraje.

Repiquet ha defendido desde el principio que el exfiscal Jean-Louis Nadal, que solicitó la apertura de la investigación, "no actuó de oficio, sino movido por la oposición con fines políticos", pero, de demostrarse los hechos, Lagarde podría ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y a 10.000 euros de multa.