El exedil de Urbanismo del El Bosque inicia acciones legales por injurias

El exconcejal de Urbanismo de El Bosque Salvador Vidal ha informado del inicio de acciones legales por injurias tras ser destituido de su cargo por parte de la alcaldesa de la localidad, la 'popular' Inmaculada Gil, en base a la supuesta comisión por parte de éste de "ilegalidades o prevaricación".

En un comunicado, Vidal se ve en la "obligación" de aclarar las "insinuaciones, imputaciones y mentiras" vertidas contra su persona, defendiendo el desempeño de sus funciones como edil de Urbanismo del Ayuntamiento bosqueño "con honestidad, rigor y un planteamiento técnico que velase por los intereses de los ciudadanos y el legal procedimiento de las actuaciones del área de Urbanismo".

Estos hechos han tenido como consecuencia su "renuncia en el PP como militante y como presidente local del mismo" y, paralelamente, su renuncia a seguir formando parte del gobierno municipal. No obstante, Vidal mantiene su acta como concejal para defender su "dignidad y la de los ciudadanos que legítimamente lo solicitaron en su día en las urnas".

Tras aludir a "múltiples desavenencias y discrepancias" supuestamente mantenidas entre el equipo de gobierno y la alcaldesa por sus "comportamientos y decisiones arbitrarias" o su "incongruencia", el hasta ahora responsable de Urbanismo incide en que su actuación fue "siempre dentro de la legalidad" y consistió en "dar respuesta a solicitudes de ciudadanos que estaban atascadas en el área de Urbanismo".

Asesoria externa

Explica que, dado que había licencias de obras "sin resolver", al tomar posesión del cargo consideró su obligación buscar una solución al "atasco" y, por ello, propuso la "contratación puntual de un servicio técnico". Con ese objetivo, solicitó por escrito al Secretario Interventor del Ayuntamiento que se aceptara esa solución externa que sólo tendría un coste de 800 euros y "no hubo respuesta".

Es decir, "llaman cometer una ilegalidad al ejercicio de la actividad pública que permite asesorarse externamente". En este sentido, abunda que "consultó al abogado del Ayuntamiento" sobre la legalidad de este procedimiento y su dictamen fue que era "absolutamente legal".

Incide en que al acceder al puesto comprobó que existían "bastantes expedientes sin resolver" frente a los que los vecinos reclamaban "pronta resolución". Así, recurrió al técnico municipal para que le asesorara y ver en que estado técnico-jurídico se encontraban y qué posibles soluciones tenía cada uno de estos expedientes. También recurrió, en algunos casos, a los Servicios de Asistencia Técnica de la Diputación con la idea de "poder entender la realidad de cada uno de los temas pendientes".

"Errores técnicos"

Debido a su formación profesional como ingeniero, Vidal habría detectado que en algunos de los informes técnicos emitidos existían "una serie de errores técnicos". La solución propuesta en la resolución de algunos expedientes apuntaba a adoptar "medidas tan drásticas como demoler una nave o incluso la posibilidad de ser demandado el Ayuntamiento por haber otorgado licencias de forma incorrecta", con lo que la institución se vería "abocada a un perjuicio económico muy grave".

Por ese motivo, "no dudé en ningún momento recurrir a la posibilidad de acudir a una segunda opinión y así estar seguro que la decisión que se debía tomar en mi área, que era muy delicada, era la correcta y más ajustada a derecho".

Afirma la alcaldesa estaba "informada en todo momento de que pensaba buscar una segunda opinión", y también lo sabían el resto de compañeros de su grupo político. Y es que, según recalca, "la existencia de errores en una serie de expedientes" le "obligaban a proponer una solución que podía pasar por el asesoramiento externo, con la idea de agotar todas las vías legales en la resolución de dichos expedientes". Insiste en que el coste de dicho asesoramiento externo supondría "800 euros", cantidad que supone "menos de la mitad de lo que cobra la alcaldesa cada mes", que, según detalla, asciende a "2.200 euros".

Finalmente, Vidal deja claro que entró en política "por vocación", para "servir" a sus vecinos. De hecho, afirma que hasta la fecha no ha recibido "ni un euro del Ayuntamiento, ni como retribución económica, dieta o gratificación, sólo la asignación de 90 euros mensuales que recibimos cada uno de los concejales de la Corporación municipal, los cuales han sido siempre destinados a la cuenta que dispone el partido local".

Por ello, ante las "falsas imputaciones" que se están vertiendo y el "daño irreparable" causado contra su persona, Salvador Vidal ha ordenado el inicio de todas las acciones legales oportuna para la "reparación de su honor".