El Tribunal de Cuentas rechaza aplazar el proceso del desfalco

Fue un 1 de abril del año 2009. Casi cuatro años después sigue sin saberse nada nuevo de la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Muchas son las dudas que envuelven un suceso que tiene dos causas abiertas; una para determinar el delito y la pena que deben cumplir los supuestos autores, frente a otro que intenta desmenuzar la responsabilidad contable, por acción u omisión, de lo ocurrido. Este segundo proceso dará un nuevo paso mañana.

El Tribunal de Cuentas llevará a cabo en Madrid una vista previa, con la intención de fijar una fecha definitiva para la celebración del juicio. En esta ocasión no es necesario que acudan los implicados, puesto que serán los letrados los que tomen la palabra para resolver diferentes cuestiones relacionadas con el propio juicio. Desde la solicitud de pruebas a informes, así como distintas consideraciones. Aunque una de las peticiones formuladas ya ha sido resuelta antes de la esta audiencia previa.

Y es que el letrado del principal imputado, el ex tesorero Clemente Ruiz, solicitó la paralización de este proceso hasta que no se resuelvan las otras diligencias que se encuentran abiertas en los juzgados de San Fernando, que deben determinar la responsabilidad penal. Finalmente el Tribunal de Cuentas ha mandado un escrito a las diferentes partes en el que expone que no estima tal propuesta y que por lo tanto todo sigue tal y como estaba previsto.

Es decir que tendrán que presentarse en Madrid mañana y que la intención es que se pueda fijar una fecha para la celebración del juicio. Esta audiencia previa estaba prevista para el pasado mes de enero, pero problemas en la agenda de los letrados que debían presentarse, hizo que se cambiara el día. Ahora no se quiere demorar más los plazos y la causa civil seguirá independientemente de lo que ocurra en la penal. Y es que, este proceso sí que lleva ya varios años paralizado y sin novedades.

Lo último que se conoce es que el perito judicial ya ha terminado de verificar la investigación económica llevada a cabo por la Policía, que se centraba en la relación de Clemente con una familia marroquí. A este respecto el fiscal no descarta la posibilidad de que haya nuevas imputaciones raíz de las determinaciones suscritas en un documento, del que tampoco se sabe si apoya las tesis de la investigación policial o si por el contrario las tira por tierra.

Muchos cabos por atar. De hecho, la Fiscalía también tiene mucho que decir con respecto al proceso que se llevará a cabo mañana, ya que aún no se ha pronunciado sobre la denuncia elevada por parte del Ayuntamiento de San Fernando. En este escrito, el Consistorio considera que la responsabilidad fiscal recae en los cajeros, aunque recoge a los ex alcaldes, tesorera e interventor como responsables subsidiarios. El Tribunal de Cuentas maneja también la propuesta de liquidación realizada por la Cámara de Cuentas, que determina que los cajeros son los responsables directos de lo ocurrido en la caja municipal ante la desaparición de 7,8 millones de euros. Motivo por el que el órgano fiscalizador cifra el montante a recuperar en 9,4 millones de euros (tras sumarse los intereses), lo que significa que ese dinero debe ser abonado tanto por Clemente Ruiz como por María José Lebrero. Al igual que el Ayuntamiento considera que si no pueden, el resto de implicados son los que deben subsanar todo lo sustraído. Aquí es dónde se diferencian puesto que la denuncia municipal estima que en este caso los subsidiarios sólo deberían abonar 250.000 euros.