Urdangarin bordea la bancarrota

Iñaki Urdangarin podrá pisar o no la cárcel, pero lo que es seguro es que, aunque sea condenado y pierda su patrimonio inmobiliario y el de su empresa, las arcas del Estado nunca van a recuperar los 8,2 millones de euros que reclama el juez José Castro a él y a su exsocio Diego Torres por daño económico a la Administración. El duque, y así consta en los informes remitidos por la Agencia Tributaria al instructor, está casi en bancarrota por las deudas con los bancos, unos créditos que ha comenzado a no pagar, según su propia declaración ante el magistrado del 'caso Palma Arena' el pasado febrero.

A Urdangarin las cuentas no le salen, según los datos de Hacienda. El yerno del Rey como persona física y su empresa Aizoon tienen un patrimonio embargable de 3.553.245 euros, pero sus deudas con los bancos, principalmente con La Caixa y el BBVA, sumaban hace unos meses 2.361.817 euros. Por la parte del duque de Palma, el dinero que el Estado podría recuperar de los más de seis millones de euros que Urdangarin y Torres se llevaron en supuestas adjudicaciones a dedo de las administraciones valenciana y balear no llega a 1,2 millones de euros; exactamente 1.191.428 euros.

Sin embargo, ni siquiera ese dinero acabaría en las arcas de la Administración en caso de que Urdangarin sea condenado por apropiación de fondos públicos. Fuentes de la Agencia Tributaria apuntan que si dejara de satisfacer las cuotas de los préstamos contraídos, los bancos «habitualmente» suelen tener preferencia a la hora de cobrar. Son los primeros acreedores, por delante del embargo judicial.

¿Pero cuál es la situación inmobiliaria pormenorizada del principal imputado del 'caso Nóos? En la parte de haberes embargables, su mayor patrimonio, sin duda, es el famoso palacete en el barcelonés barrio de Pedralbes. El inmueble fue adquirido por los duques de Palma en 2004 por 5,8 millones de euros y posteriormente fue reformado a fondo con un coste de casi tres millones. Urdangarin y la infanta Cristina tienen separación de bienes y en consecuencia solo sería requisable la mitad de la propiedad. O lo que es lo mismo, 2,9 millones de euros sin contar la reforma y la posible devaluación de la vivienda. Como persona física también cuenta en su haber con una finca rústica en la localidad guipuzcoana de Vergara valorada en 30.000 euros. Nada más.

El terreno en el País Vasco es plenamente embargable porque está libre de cargas, pero la mansión de Pedralbes, no. Sobre el palacete, según Hacienda, a diciembre de 2010 todavía pesaba una deuda de 3.869.482 euros. El 50% de esa deuda, 1.934.741 euros, corresponde a Urdangarin, la otra mitad, a su esposa.

Esperanza frustrada

Aizoon, la empresa propiedad a partes iguales del matrimonio Urdangarin-Borbón, era la gran esperanza del Juzgado de Palma de Mallorca para recuperar al menos una pequeña parte del dinero que desembolsaron los Gobiernos de los populares Jaume Matas y Francisco Camps. Al ser supuestamente una firma usada para desviar fondos públicos todo su patrimonio es embargable. La cartera de inmuebles de la sociedad son dos apartamentos en Palma, un tercero en la localidad barcelonesa de Tarrasa y dos plazas de garaje y dos trasteros en la capital balear.

Aizoon, en su origen una firma inmobiliaria, contaba con un patrimonio de 623.245 euros, pero lo que no sabía el juez Castro es que también tiene una losa importante, tres hipotecas con el banco que, a diciembre de 2011, acumulaban una deuda de 427.076 euros.

Así las cosas, y a expensas de que la Agencia Tributaria envíe información más actualizada al magistrado para comenzar los embargos, nadie duda en el juzgado de Palma de Mallorca de que será imposible recuperar el dinero supuestamente desviado de las arcas públicas por el yerno del Rey.

La situación patrimonial de Torres y, sobre todo, del resto de las empresas del entramado Nóos usadas para vaciar de fondos el instituto sin ánimo de lucro, es casi peor que la de Urdangarin.

El dinero, según explican diversas fuentes, habría que buscarlo en el extranjero porque los bienes muebles e inmuebles de la sociedad Urdangarin-Torres no cubren ni una pequeña parte, no ya del dinero que recibieron de las administraciones públicas, sino de los 16 millones que facturó el Instituto Nóos en sus años de máxima actividad.