Bárcenas reclama a su partido el pago de 905.000 euros por despido improcedente

Luis Bárcenas y el PP se vieron ayer las caras a través de personas interpuestas, sus abogados, y constataron que sus diferencias laborales parecen irreconciliables. El extesorero reclamó al partido que abandonó hace tres años 905.000 euros en concepto de indemnización por «despido improcedente». La respuesta fue no y el acto de conciliación fracasó. El siguiente duelo será en el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid.

Los populares parecen haberse hartado de las actuaciones de su extesorero, que, día sí, día no, les sorprende con inopinadas demandas laborales. Los letrados del PP acudieron al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid con instrucciones claras de no acceder a las demandas de Luis Bárcenas si planteaba una indemnización por despido improcedente.

La tesis del partido es que el extesorero fue despedido de común acuerdo en 2010, cuando ya estaba imputado en el 'caso Gürtel' y tras resistir un año en el cargo sin atender a las peticiones internas para que dimitiera. Entonces, según la versión del PP, se pactó el pago de una indemnización diferida con desembolsos mensuales que incluían la liquidación de las cuotas de Seguridad Social e IRPF hasta el 31 de enero de este año. Ese día, Bárcenas fue dado de baja en la Seguridad Social y el motivo esgrimido por el empleador fue «despido». El extesorero se aferra a ese término para defender que en los últimos tres años, aunque no militaba, trabajó como asesor del PP, un argumento que los expertos laboralistas ven viable porque «solo se puede despedir a una persona contratada».

Pero el PP mantiene la tesis del finiquito «simulado» que expuso su secretaria general, Dolores de Cospedal, hace dos semanas. La estrategia de ayer fue la de plantar cara a su exresponsable de finanzas y no ceder a sus exigencias en el acto de conciliación, una postura que también tenía partidarios en la sede de la calle Génova 13 de Madrid para acabar con el culebrón.

Bárcenas, a través de sus abogados, planteó la aplicación estricta de la legislación laboral conforme a sus cálculos. Reclamó que por sus 31 años en nómina del PP, desde 1982, tenía derecho al máximo legal, esto es 42 mensualidades brutas. Como ganaba 21.300 brutos al mes, reclamó 894.600 euros más 10.600 de finiquito por pagas sin cobrar y vacaciones sin tomar. En total, 905.000 euros.

Los abogados del PP se limitaron a decir que no a la demanda y rehusaron presentar una contraoferta económica.

Readmisión

El partido gubernamental tiene ahora la posibilidad de seguir en los juzgados el pleito, que ha correspondido por reparto al de lo Social número 16, o llegar a un acuerdo y readmitir a su exempleado, una alternativa muy poco probable.

El PP, por ahora, guarda silencio. Mariano Rajoy, desde Bruselas, tampoco quiso ser explícito y cuando se le preguntó por la indemnización reclamada por Bárcenas respondió con un apresurado «no, no voy a entrar en más asuntos, muchísimas gracias». Solo su vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, se refirió al asunto y fue para usar palabras rotundas: «Es una pasta que no se la vamos a dar». Pero el PP, si el juez falla a favor del extesorero, tendrá que abonar la indemnización. El pleito por el despido no es la única disputa laboral que mantienen el PP y su ex alto cargo, quien ha presentado dos denuncias más contra el partido, una por acoso laboral y otra por sustracción de documentos y efectos personales, entre ellos dos ordenadores que guardaba en la sala que usaba como despacho en la sede de la calle Génova 13 de Madrid.