El Gobierno frena la jubilación anticipada

Jubilarse anticipadamente será más difícil con el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido endurecer las condiciones para el retiro antes de la edad ordinaria de jubilación y para acceder a la jubilación parcial, cuyo coste para el sistema de Seguridad Social se acerca a los 10.000 millones de euros anuales (7.000 por las jubilaciones anticipadas y 2.400 millones por la parcial), según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. El ahorro para el sistema cuando la reforma tenga plena aplicación será de 5.000 millones anuales, según fuentes del ministerio.

Se mantiene la diferencia entre jubilación anticipada forzosa (cuando procede de un despido) y anticipada voluntaria. Con los cambios aprobados será necesario haber cotizado un mínimo de 35 años para poder jubilarse de forma voluntaria y 33 años para la forzosa (ahora son 30 años y se elevaba a 33 en la ley 27/2011 cuya entrada en vigor se suspendió hasta abril en lo que se refiere a estas figuras). El retiro solo se podrá adelantar en cuatro años a la edad legal de jubilación ordinaria en el caso de la forzosa y en dos años si el retiro anticipado es voluntario. Eso significa que irá elevándose progresivamente a la vez que se aumenta la edad legal, de forma que al finalizar el periodo transitorio en 2027 cuando la jubilación ordinaria se produzca a los 67 años, la anticipada forzosa se situará en 63 años y en 65 la voluntaria si se han cotizado menos de 38 años y medio. No obstante, como la ley permite seguir jubilándose a los 65 años para los que tengan largas carreras de cotización (el número de años se eleva paulatinamente hasta los 38 años y seis meses), en esos casos seguirán pudiendo retirarse anticipadamente a partir de los 61 años si es forzosa y a los 63 si es voluntaria.

El objetivo del Gobierno es frenar las jubilaciones anticipadas, que el año pasado ascendieron a 127.000, el 42% del total. El Consejo de Ministros aprobó nuevos coeficientes reductores, más duros para los que se jubilan de forma voluntaria. El Ministerio de Empleo vigilará que no se 'simulen' despidos para beneficiarse de las mejores condiciones de la jubilación forzosa. Todas estas modificaciones no afectarán a los expedientes de regulación de empleo ya firmados o que se acuerden antes del 15 de abril y se respetarán los compromisos hasta 2019. Pero una de sus consecuencias probables es que los ajustes de plantilla, que ahora se intentaba hacer menos traumáticos a través de las jubilaciones anticipadas, serán mucho más duros para los trabajadores.

Compatibilizar la pensión

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de compatibilizar el trabajo con el cobro del 50% de la pensión. El trabajo podrá ser por cuenta ajena o propia, a jornada completa o parcial pero la pensión deberá ser de jubilación ordinaria o demorada, no se podrá compatibilizar con la jubilación anticipada o bonificada por trabajos penosos o tóxicos. Hasta ahora, solo se podía simultanear trabajo y pensión cuando los ingresos no superaban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o con trabajos a tiempo parcial. Los funcionarios públicos jubilados podrán compatibilizarlo solo con un trabajo privado, nunca público. La Federación de Autónomos ATA valoró que, por primera vez, este colectivo pueda jubilarse anticipadamente.

En el caso de la jubilación parcial, la edad de acceso se sitúa en dos años antes de la edad legal, por lo que también irá aumentando progresivamente desde los 63 años y un mes de este año hasta los 65 años en 2027. El relevista tendrá que estar en el paro, con contrato temporal o ser socio de una cooperativa. El Gobierno señaló que el decreto es «fruto de un diálogo muy intenso» con los grupos parlamentarios y los agentes sociales. Sin embargo, Carmen López, secretaria de Política Social de UGT, dijo que se había adoptado sin diálogo y anunció que estudiarán la posible inconstitucionalidad del decreto.

Por otro lado, el Gobierno designará, en el plazo de un mes, un Comité de Expertos para el estudio del factor de sostenibilidad, que se remitirá al Pacto de Toledo. El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de parámetros como la edad de jubilación o los años de cotización. Algunas fuentes apuntan que el cambio podría servir para eliminar la revalorización automática con el IPC.