Los años oscuros de la Iglesia argentina

Argentina aún tiene abierta la herida de la dictadura militar que gobernó el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. A la ausencia de los muertos y desaparecidos -13.000 según las cifras oficiales, 30.000 a juicio de las organizaciones humanitarias- y el trauma insuperable de tantos torturados se suman las sombras que todavía permanecen sobre algunos colectivos, como la propia Iglesia católica. O, mejor dicho, su jerarquía: también hubo entre los sacerdotes argentinos casos de valiente oposición a la injusticia, y entre las víctimas de la dictadura no faltan precisamente los religiosos asesinados.

La controversia se arrastra desde hace treinta años, pero se ha recrudecido en los últimos meses a raíz de dos procesos judiciales. Ambos sirven, de hecho, como una invitación a no generalizar: en los dos casos se persigue aclarar la muerte de religiosos durante el régimen militar, pero a la vez han servido para devolver al primer plano la dudosa postura de la jerarquía eclesiástica ante una dictadura que afirmaba machaconamente su cristianismo. El primero es la investigación sobre el fallecimiento en supuesto accidente de tráfico del progresista Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, en el noroeste del país. Angelelli fue uno de los pocos prelados que protestaron públicamente por el golpe de Estado y la posterior represión, lo que le valió un creciente hostigamiento. Finalmente, murió el 4 de agosto de 1976, tras un sospechoso vuelco de la furgoneta que le traía de celebrar una misa. El pasado mes de octubre, el caso se elevó a juicio oral, y los fiscales federales aprovecharon el escrito de acusación para dar un toque de atención a la Iglesia: «En esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia católica», afirman. Y añaden: «El sistema represivo operó en coordinación y con el consentimiento de la Iglesia».

En el otro caso, hay ya fallo: el mes pasado, un tribunal de La Rioja condenó a tres militares por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, miembros del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, una corriente progresista que se dedicaba a trabajar con los más pobres. Precisamente, en el momento de su muerte, el obispo Angelelli llevaba una carpeta con sus indagaciones sobre el triste final de estos dos religiosos, cuyos cadáveres, con los ojos vendados y signos de tortura, habían aparecido quince días antes. La sentencia acusa directamente a la jerarquía de «complicidad» con la junta militar e «indiferencia» ante sus atrocidades, y nunca antes un juez había escrito algo así. «Los miembros del pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución de tanta significación como la Iglesia Católica una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos y a quienes de una manera u otra permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos», se lee en la sentencia. El tribunal, de hecho, aprecia aún hoy una «actitud reticente» de cara al esclarecimiento de los crímenes de aquellos años.

«Buenos oficios»

El propio dictador Jorge Rafael Videla reveló, en una entrevista realizada en 2010 pero publicada el año pasado por la revista 'El Sur', que la Iglesia «ofreció sus buenos oficios» como «asesora» de la junta frente a las familias de los 'desaparecidos', en lo que describió como un «involucramiento episcopal activo». Citaba nombres concretos, como los ya fallecidos Pío Laghi, que entonces era nuncio apostólico en Argentina, y Raúl Primatesta, cardenal primado. «Hemos tenido muchas charlas», decía Videla, que cumple cadena perpetua. Estas declaraciones llevaron a la Conferencia Episcopal Argentina a difundir en noviembre del año pasado una «carta al pueblo de Dios» en la que, aun negando esa idea de complicidad, se sometía a un moderado examen de conciencia: «Hemos discriminado a muchos de nuestros hermanos, sin comprometernos suficientemente en la defensa de sus derechos», admite el texto. Los prelados anunciaban además su propósito de «promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres». El documento no ha hecho ninguna gracia en algunos sectores del clero, en particular en el obispado castrense.

Los católicos argentinos, alrededor del 80% de la población, también se muestran divididos frente al actual gobierno. La propia Conferencia Episcopal alertó hace unas semanas de la creciente crispación y del peligro de crear «dos bandos irreconciliables» en la sociedad, en una advertencia que -más allá de la indefinición habitual en este tipo de manifestaciones- se ha interpretado como un nuevo reproche al kirchnerismo. Pero, paradójicamente, el propio análisis del Episcopado fomentó o, al menos, evidenció esa división en su grey, ya que agrupaciones católicas de izquierdas se apresuraron a responder en tono airado. El diario 'Clarín' recogió, por ejemplo, la réplica del Colectivo Teología de la Liberación Pichi Meisegeier, que elogió «los logros» del Gobierno y acusó a la jerarquía de alinearse con «los poderosos».