Las tres cuartas partes del Parlamento catalán avalan una consulta pactada con Rajoy

Con la vista puesta en 2014, el año del referéndum, el Parlamento catalán aprobó ayer una resolución en la que insta a los Gobiernos central y catalán a abrir un proceso de diálogo para acordar la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña. La resolución fue apoyada por 104 diputados del PSC, que impulsó el texto, así como de CiU, Esquerra Republicana e Iniciativa, el 77% de la cámara. Ciutadans y el PP votaron en contra, y la CUP se abstuvo.

Se trata de la segunda declaración que hace el Parlamento de Cataluña a favor del derecho a decidir en poco menos de dos meses. La primera, más radical, salió adelante con 85 votos de CiU, Esquerra, Iniciativa y uno de la CUP, algo memos de dos tercios del legislativo. El Parlament amplía, por tanto, la mayoría a favor de la celebración de una consulta previo acuerdo con el Gobierno central. Un planteamiento rebajado respecto al que salió adelante el 23 de enero, que proclamaba al pueblo de Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano» y que ha sido recurrido por el Gobierno central ante el Constitucional.

Esa proclamación de soberanía, que el Ejecutivo central encuentra ilegal e inconstitucional, es la que impidió que los socialistas catalanes apoyaran la declaración de enero. La dirección del PSC apostó entonces por el no al texto firmado por CiU y Esquerra, y la decisión acabó en una crisis interna, ya que cinco de sus 20 diputados, adscritos al ala catalanista, se negaron a votar en contra del texto.

Perfil propio

Esta división entre socialistas se trasladó poco después al Congreso, donde CiU impulsó en febrero una resolución similar a la que el Parlamento catalán aprobó ayer. Los diputados del PSC en Madrid, salvo Carme Chacón, decidieron apoyarla, rompieron la unidad del grupo del PSOE por primera vez en tres décadas y provocaron una crisis que a punto estuvo de hacer saltar por los aires los acuerdos entre el PSC y el PSOE. Al final, la sangre no llegó al río y ambos partidos negocian ya un nuevo protocolo de relaciones, que sustituya al que permanece en vigor desde los años 70 y que reconoce la autonomía de cada formación, avala que el PSOE no se presente como tal en Cataluña y el PSC tenga representación en los órganos de dirección del PSOE.

El PSC está empeñado en disponer de voz propia en el Congreso, aunque ello suponga votar distinto que el PSOE, al menos en los temas que afecten a Cataluña. Afectados por una grave crisis interna y alejados de la posición de poder que tenían no hace mucho, los socialistas catalanes tratan de marcar perfil propio y entienden que deben buscarlo en un punto intermedio entre los nacionalistas y los españolistas.

Ahí sitúa el PSC su propuesta de referéndum «legal y acordado», a sabiendas de que en el PSOE no quieren ni oír hablar del asunto. Mucho menos en el Gobierno de Rajoy, con quien Artur Mas tiene que negociar la celebración de la consulta. El presidente catalán reiteró ayer que la convocatoria será «legal», ya sea con la normativa española o catalana. Sus socios de Esquerra fueron más allá y señalaron que Cataluña no tiene que pedir permiso para ejercer su derecho a decidir.

En principio, la Generalitat baraja cinco vías para la convocatoria de la consulta, que podría hacer coincidir con las elecciones europeas del año que viene. En el ámbito catalán, dispone de la ley aprobada por el tripartito y en breve contará con la nueva ley de consultas. Además, apela al artículo 92 de la Constitución para que el Gobierno autorice la consulta, reforme el apartado para que las comunidades autónomas puedan convocarla o ceda directamente la competencia necesaria a la Generalitat.

Como alternativas en caso de enfrentamiento, un informe del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat habla de consultas organizadas en el marco de la legalidad internacional, elecciones plebiscitarias o una declaración unilateral de independencia.