El Gobierno impulsará que la financiación ilegal de los partidos sea un delito penal

El Gobierno ha resuelto impulsar una reforma del Código Penal para que financiar un partido de manera ilegal o falsear sus cuentas sea un delito. El Ejecutivo pretende además que el Parlamento modifique las seis leyes necesarias para cumplir con el acuerdo contra la corrupción y sobre regeneración democrática aprobado tras el Debate sobre el estado de la Nación. El PP presentó una propuesta de resolución en ese sentido que fue aprobada con sus votos y los de CiU, PNV, UPyD, Coalición Canaria y contó con la abstención de PSOE, Izquierda Plural y Esquerra.

Dicha resolución contiene un amplio abanico de medidas políticas, jurídicas y de orden práctico que supondrán más límites, más control y más transparencia en la actividad pública. La penalización de la financiación ilegal de los partidos fue acordada ayer en el grupo de trabajo creado por el Ejecutivo y que se reunió por primera vez en la Moncloa, bajo la presidencia de Soraya Sáenz de Santamaría.

Un equipo que estará coordinado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y está integrado por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como por representantes de primer nivel de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior.

En la la actualidad, lograr fondos para una formación política de manera opaca o irregular sale muy barato a los autores porque se salda con una simple multa económica, impuesta por el Tribunal de Cuentas, como se estipula en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos. Su incorporación al Código Penal implica que ese hecho será castigado con penas de cárcel.

Sin embargo, ninguna de estas reformas legales afectará a las posibles responsabilidades que puedan depurar los tribunales en casos como 'Gürtel', Luis Bárcenas, 'Campeón' o la presunta financiación ilegal del PP porque ninguna ley tiene carácter retroactivo.

Otra de las innovaciones legales que impulsará el Gobierno es que las organizaciones políticas deberán aprobar y remitir su contabilidad al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran. Un proceso que en la actualidad se demora hasta cinco años. También se fija la obligatoriedad de que el responsable financiero de cada partido comparezca cada año ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.

Las seis normas que tendrán que adecuarse para impulsar las medidas de regeneración democrática son la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal; la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas; la Ley de Contratos del Sector Público; la Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas; la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, está en estudio si será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Endurecimiento de penas

Uno de los principales objetivos del grupo de trabajo reunido ayer en el palacio de la Moncloa es endurecer las penas para los delitos relacionados con la corrupción y, como en el caso de la financiación ilegal, analizar y tipificar nuevos comportamientos delictivos como el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Otra novedad legal será el aumento de los plazos de prescripción para delitos como al prevaricación, el cohecho, la apropiación indebida, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, los fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

Otra de las claves legales es la de clarificar las reglas de atribución de competencia a los tribunales y la agilización de los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente ni una condena pública sin sentencia.

El impulso de estas medidas corresponde tanto al Gobierno, que instrumentará las reformas legislativas necesarias para hacerlas efectivas, como a los grupos parlamentarios porque el Ejecutivo central pretende alcanzar el consenso más amplio posible.