La Junta blinda con un decreto la RTVA ante el posible bloqueo en la elección del director general

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes un decreto-ley para facilitar el periodo transitorio hasta la elección del nuevo director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) por el Parlamento, tras la dimisión del actual, Pablo Carrasco. El consejo de administración de la empresa pública asumirá las competencias del director general, pero el decreto facultará a este órgano para que pueda delegar parte de ellas en un subdirector que será nombrado este viernes, según informó ayer la consejera de Presidencia, Susana Díaz.

El consejo de administración aprobará mañana, a propuesta del todavía director general, Pablo Carrasco, un nuevo organigrama con la creación del puesto de subdirector, cuyo nombramiento recaerá en el actual director de Canal Sur Radio, Joaquín Durán. Este será también el administrador general de Canal Sur Televisión, mientras que la periodista Inés Alba le sustituirá al frente de Canal Sur Radio. Tales nombramientos son competencia del director general, pero este propondrá que sean ratificados por el consejo de administración.

Este primer paso ha sido pactado por Carrasco con la consejera de Presidencia, Susana Díaz, para garantizar el funcionamiento de la empresa y que los trabajadores, por ejemplo, puedan cobrar las nóminas este mes, según fuentes consultadas. El segundo paso se producirá cuando Carrasco deje el cargo el próximo día 20. Un día antes el Consejo de Gobierno aprobará el citado decreto por el que el consejo de administración podrá delegar en el subdirector parte de las decisiones que tomaba Carrasco.

Díaz subrayó que se trata de una medida transitoria hasta que el Parlamento apruebe el nombramiento del nuevo titular de la dirección general, para lo que hace falta el voto de al menos tres quintos de la Cámara (75 diputados de 109). Para ello es necesario el consenso entre el PSOE (47) y el PP (50), ya que socialistas e IU (12), socios en la Junta, no suman esa mayoría necesaria. Con la fórmula del decreto-ley el Gobierno andaluz trata de blindar la estabilidad de la empresa en caso de que el PP bloquee la elección del nuevo director general y esta se prolongue demasiado en el tiempo.

El PSOE, además, cuenta con mayoría en el consejo de administración, por lo que mantendrá el control de la empresa pública al menos hasta la renovación de los miembros, que deberá producirse en otoño de 2014. En este sentido, el blindaje de tranquilidad que ahora se aprueba se barrunta transitorio si no hay acuerdo entre PSOE y PP y no se cambia la ley para que sea una mayoría absoluta de la Cámara la que decida sobre los órganos de la RTVA.

La consejera de Presidencia, Susana Díaz, rechazó de forma vehemente un cambio en la ley. «No contemplo el cambio de la ley, es una ley buena, y no contemplo en este momento que la actitud de los grupos parlamentarios no sea otra que la de la responsabilidad», dijo. En este sentido, instó al PP a tratar este asunto con el «mismo mimo y cariño» que le da a las televisiones locales donde gobierna, en alusión al control que ejercen sobre ellas. Díaz además aludió al «compromiso por la transparencia» de su Gobierno como razón para no cambiar la ley. Para el PSOE sería difícil explicarlo ante el pacto por la transparencia que propone Griñán. Si bien, otras fuentes no descartan que la futura ley audiovisual contenga como solución el voto de la mayoría absoluta para extremos en que no sea posible el consenso.

Reunión pendiente

Pese a lo anunciado por el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ayer no hubo contactos informales entre los grupos, al menos no con el PP, según fuentes de este partido.

El PP está a la espera de conocer el decreto, aunque la vicesecretaria de Organización del partido, Ana Corredera, rechazó el nombramiento del subdirector, que calificó de «parche», y exigió una negociación «rápida» para llegar a un consenso, siempre recordando la «mayoría decisiva» del PP en la elección del nuevo titular.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, exigió al PP que no imponga «vetos» y no descartó una modificación de la ley si ello ocurre. Un extremo luego corregido por el portavoz de IU, José Antonio Castro, que aseguró que IU defiende la actual legislación.

IU se encuentra además con que su representante en el consejo de administración, Juan de Dios Villanueva, no es de la cuerda de la dirección regional y podría votar en contra en el consejo de mañana al nuevo organigrama. Ayer coincidió con Corredera en que no es necesario el nombramiento de un subdirector y defendió la gestión colegiada del ente por el consejo de administración.