Interior desconoce quién elaboró el informe policial sobre Artur Mas

El Ministerio del Interior, después de cuatro meses de investigaciones, no ha logrado determinar quién o quiénes elaboraron y filtraron el borrador policial que marcó la campaña de las elecciones catalanas del 25 de noviembre y que atribuía al candidato de CiU, Artur Mas, el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas irregulares a dedo y la evasión del dinero negro a cuentas secretas en Suiza y Liechtenstein.

Las conclusiones definitivas de Asuntos Internos entregadas a Jorge Fernández Díaz hace tres días señalan que el documento difundido el 15 de noviembre, que también salpicaba al expresidentes Jordi Pujol y a varios miembros de su familia, no se corresponde con ningún informe oficial de la Policía, ni siquiera con ningún borrador provisional, que pese a intentar aparentar tal cosa tampoco lo elaboró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El ministro explicó que los agentes no han podido determinar qué policía lo hizo y quién lo filtró. No solo eso. La investigación se da por agotada. «Hemos hecho lo que podíamos hacer», aseguró ayer el ministro en el Congreso.

Lo único que se ha podido determinar es que se trata de una documentación elaborada en base a fragmentos de informes ya judicializados del 'caso Palau', instrucción que investiga el cobro de comisiones ilegales por Convergencia, el partido de Mas y Pujol, a adjudicatarias públicas, al que se le habrían añadido otras declaraciones de testigos e informadores, así como escritos anónimos.

Asuntos Internos indica que aunque siempre se sospechó que el autor era algún miembro de la UDEF no se puede descartar a policías de otros departamentos y que se ha encuestado, uno por uno, a los 300 miembros de la citada unidad y que todos han negado la autoría. Aclara que no sabe si eran sinceros o si pretenden evitar las graves responsabilidades disciplinarias.

Así las cosas, el único agente que terminará sancionado y quizás en los tribunales es José Manuel Sánchez Fornet, el secretario general del SUP, el sindicato mayoritario del cuerpo, que el 23 de noviembre entregó copias del borrador fantasma que, según aclaró, le habían dado dos policías «indignados», que creían que se trataban de tapar delitos de altos cargos políticos. El expediente disciplinario contra Sánchez Fornet, que se ha negado a identificar a sus fuentes, ya está concluido y solo le separa de la sanción que termine la fase de alegaciones.

Fernández Díaz ignoró las protestas de CiU sobre por qué se tardó tanto en desautorizar el documento y por qué dirigentes populares le dieron veracidad en campaña, pero lanzó un claro aviso al adelantar que durante la investigación de Asuntos Internos se han acumulado nuevos datos relativos al caso que podrían acabar en los tribunales. El ministro se limitó a lamentar que las filtraciones interesadas afectan y dañan a todos los partidos. «Ya me gustaría saber a mí quien filtra determinados borradores y fotocopias», en referencia a los 'papeles de Bárcenas.

Ni titulares ni cotitulares

Para completar la información del titular de Interior, el banco suizo Lombard Odier certificó que ni Artur Mas ni el expresident Pujol ni su hijo Jordi Pujol Ferrusola tienen o han tenido en los últimos diez años cuentas o depósitos en su establecimiento. «Confirmamos, después de haber examinado nuestros dossieres y archivos, que los señores Pujol y Mas no han sido nunca titulares, ni cotitulares, que no han tenido poderes autorizados y no han sido beneficiarios de derechos de una cuenta, un depósito o un compartimento de caja fuerte en nuestro banco», afirma la entidad financiera en dos cartas enviadas a un despacho de abogados suizos contratado por el presidente de la Generalitat y la familia Pujol.

Lombard Odier contradice de esta forma el informe policial que hablaba de una cuenta de 165 millones de francos suizos cuyos beneficiarios eran el matrimonio Pujol-Ferrusola y los hijos Jordi y Oriol.

Tras la publicación de las cartas de la entidad suiza y después de la comparecencia del ministro del Interior, el Gobierno catalán pidió una rectificación pública al Ejecutivo de Mariano Rajoy por dar credibilidad a esas informaciones. Según la Generalitat, «estamos como en la Inquisición. Te pueden acusar sin ningún tipo de prueba, como hace 400 años, y si no puedes demostrar la mentira, pues a la hoguera», señaló el portavoz, Francesc Homs.

A su juicio, las explicaciones ofrecidas por Fernández Diaz certifican la «gran mentira, la infamia y la gran manipulación» de lo que se publicó y el «error monstruoso» de los miembros del Gobierno y del PP que dieron por ciertas las informaciones.