El fiscal acusa al exministro de mediar a favor de «un amigo»

La Fiscalía del Tribunal Supremo ve indicios suficientes para juzgar al exministro socialista José Blanco por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el 'caso Campeón', la trama de subvenciones públicas a cambio de favores a empresarios. El fiscal Manuel Dolz pidió al juez instructor, José Ramón Soriano, que tramite el suplicatorio ante el Congreso para «imputar formalmente» a Blanco, un paso previo a la apertura de juicio oral.

Tras 15 meses de instrucción, el fiscal concluye que el exministro influyó a principios de 2011 para la obtención de una licencia municipal para la empresa de José Antonio Orozco, vicepresidente de Transportes Azkar y «amigo de la infancia» del exnúmero dos del PSOE.

Para ello, señala el escrito, el entonces ministro de Fomento encargó a su secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, que el alcalde de Sant Boi (Barcelona), del PSC, «removiera los obstáculos» que impedían la concesión de dicho permiso ambiental para la nave próxima al aeropuerto de El Prat que pretendía construir Orozco.

El fiscal considera que la intervención de Blanco fue fundamental para que el ayuntamiento de Sant Boi, tras las reiteradas negativas de un funcionario por deficiencias en la obra, aprobase el 7 de marzo de 2011 la licencia. Orozco se ahorró así un sobrecoste en la obra de entre 175.000 y 500.000 euros. Tres días después, el empresario mandó un sms a su «amigo» Blanco -ambos nacieron en Palas del Rey (Lugo)- para agradecerle su intervención.

El delito de tráfico de influencias está penado con entre seis meses a dos años de prisión, multa del doble del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación para empleo o cargo público de tres a seis años.

El empresario se regodeó en conversaciones intervenidas de su proximidad a Blanco. «El encuentro con el alcalde de Sant Boi ha ido estupendamente, hasta nos confeccionaron el escrito de alegaciones», cuenta a un interlocutor el 9 de febrero de 2011. Un día después, Orozco, que tenía el teléfono intervenido por orden de la juez de Lugo que comenzó la investigación, comentó que pertenecía a la «liga oculta» de Blanco, y explica que «nunca procura quedar con él en ningún sitio notorio donde se nos pueda ver y que él me va arreglando las cosas».

El fiscal, en cambio, no incluye los indicios de cohecho, por los que también era investigado el exministro. En concreto, sobre el pago de 200.000 euros en billetes de 500 en una gasolinera de Lugo, según reveló el farmacéutico Jorge Dorribo.