El Gobierno regional no forzará la dimisión de la gerente de la Agencia IDEA

El Gobierno regional no tiene ánimo de prescindir de los servicios de la directora en Cádiz de la Agencia IDEA, Rosa Mellado, que se encuentra imputada por el escándalo de las ayudas del Plan Bahía Competitiva. Mellado se hizo con la dirección de la agencia en 2009 y le ha salpicado de lleno la estafa que protagonizó en 2011 en la provincia el empresario gallego Dávila Ouviña. Tanto el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, como la delegada territorial de Economía, Empleo e Innovación, Angelines Ortiz, salieron ayer en defensa de Mellado. Ambos confían en que el juez elimine la imputación de esta alta funcionaria en breve.

Mellado fue llamada a declarar como testigo en junio de 2011 ante la policía juidicial que investiga el fraude del Plan Bahía., pero a finales del año pasado la titular del juzgado número 4 de Cádiz, que lleva el caso, la volvió a llamar pero, esta vez, como imputada.

La justicia trata de esclarecer el procedimiento seguido por parte de las administraciones públicas para otorgar ayudas a la reindustrialización. La voz de alarma se da en la primavera de 2011 cuando el Ministerio de Industria reclama al empresario gallego Dávila Ouviña la devolución de quince millones de euros que recibió en concepto de subvención para tres proyectos empresariales que nunca ejecutó en la provincia de Cádiz. Se da la circunstancia que el radio de acción de este empresario era el municipio de Alcalá de los Gazules, cuna del socialismo gaditano. Este caso llevó al juzgado, a raíz de varias denuncias, a tirar del hilo para comprobar cómo y a quien se daban estas subvenciones. La gota que ha colmado el vaso ha sido la denuncia del grupo parlamentario popular. El PP alude a los informes del Ministerio de Trabajo en el que le reclama a la Junta que justifique más de 20 millones de euros en ayudas a la contratación y al fomento del empleo.

En el caso del Plan Bahía, la Policia sigue investigando la conexión que había entre los antiguos gestores socialistas de la Diputación provincial y el responsable de la oficina abierta en Cádiz para desarrollar el Plan Bahía, Antonio Perales. Este últimos cesó tras saltar el caso del empresario gallego. La investigación sigue su curso y apunta, según la declaración vertida por algunos imputados, que muchas de las decisiones sobre el reparto de las ayudas se cerraban en los despachos de la Diputación. La justicia quiere saber ahora qué papel jugaba la Agencia IDEa y, por tanto, su directora, Rosa Mellado en el proceso de adjudicación. El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, ha pedido la dimisión de Mellado y anunció la semana pasada que elevará al Parlamento el cese de esta funcionaria. Cabe recordar que el PSOE fulminó a la concejal de Sanlúcar y exresponsable del Instituto de Empleo de la Diputación, María José Valencia, tras abordar la investigación el papel de este Instituto en la presunta trama. Valencia, enfrentada a la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, forma parte de la corriente oficialista del partido, que no comulga con las nuevas tesis griñanistas.