Jueces y fiscales barajan una nueva huelga

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado que ante la negativa del Ministerio de Justicia a asumir ninguna de las reivindicaciones de la huelga del pasado 20 de febrero van a estudiar una serie de medidas de protesta, entre ellas la posible convocatoria de una nueva huelga.

Así lo han expresado tras mantener una reunión que de dos horas de duración aproximadamente con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para hablar sobre la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al término del encuentro, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha subrayado que el resultado de la reunión no puede ser positivo porque, después de la huelga del pasado 20 de febrero, el ministro no se ha comprometido a asumir ni una sola de las reivindicaciones que le han planteado las asociaciones de jueces y fiscales. Entre sus demandas figuran un aumento de la inversión pública en Justicia, una solución al problema generado por la eliminación de los jueces sustitutos, la modificación del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, los cambios en la ley de tasas judiciales y la reforma de la ley del indulto.

"No puede ser que todos nos equivoquemos, las asociaciones judiciales, los fiscales, los abogados, los funcionarios, los secretarios judiciales y los consumidores y usuarios", ha recalcado el portavoz de Jueces para la Democracia, antes de indicar que no se puede desarrollar la gestión pública "en contra de lo que piensan todos los sectores sociales".

Internacionalización del conflicto

Después de pedir una rectificación a Ruiz-Gallardón, ha señalado que, a la vista de que el ministro de Justicia no parece capaz de llegar a algún tipo de acuerdo, las asociaciones de jueces y fiscales iniciarán una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios.

Las asociaciones se proponen además internacionalizar el conflicto solicitando una entrevista en Bruselas o en España a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reading, para presentarle un estudio sobre el déficit de democracia e independencia del poder judicial en España en comparación con otros países europeos.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, ha recordado que esta organización, mayoritaria en el sector, no secundó la primera convocatoria de huelga por considerar que existían otros mecanismos para lograr las modificaciones de las reformas en el ámbito de la Justicia y así lo siguen entendiendo después de la reunión de hoy con el ministro.

Llarena ha destacado que Ruiz-Gallardón ha ofrecido la posibilidad de que las asociaciones de jueces y fiscales colaboren en la elaboración de los anteproyectos de reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, ha expresado su deseo de que la reforma del órgano de gobierno de los jueces, que está en tramitación parlamentaria, no suponga "una limitación máxima de la independencia del Poder Judicial". Ha instado al PP y al PSOE a potenciar la independencia judicial, al tiempo que ha defendido la elección de doce de los vocales del consejo por jueces y magistrados o un sistema proporcional a la implantación de las asociaciones dentro de la carrera judicial.

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha considerado positivo que, después de la huelga del mes pasado, el Ministerio de Justicia haya reconocido que "no va a haber rencores retrospectivos" y que va a seguir en "rondas de negociación" con las asociaciones de jueces y fiscales. No obstante, Dolado ha expresado su preocupación por la reforma del consejo que ha calificado como "el mayor ataque que ha habido en democracia a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial".

Si el PP y el PSOE han consensuado esta reforma, ambos "han consentido la politización interesada del Consejo General del Poder Judicial para que no podamos controlar la actividad política por la vía de los delitos de corrupción y cohecho", ha dicho Dolado, quien ha expresado su deseo de que el PSOE desmienta este pacto realizado a través de los grupos parlamentarios.