El negocio de los preparadores

«Soy magistrado en Valencia y junto con un compañero preparamos oposiciones a jueces y fiscales por el sistema de arrastre. Estoy aquí para tratar de resolveros todas las dudas que podáis tener»; «Hola, soy un fiscal de Madrid que prepara opositores para las carreras judicial y fiscal. Mi forma de preparar es muy clara: control, dedicación y honestidad».

Decenas de anuncios como estos brotan como setas en los foros de internet relacionados con la judicatura. Se trata de una «industria de los preparadores» promovida por jueces en activo, algunos miembros de las altas instancias judiciales, que han convertido este negocio en el auténtico pilar del actual sistema de acceso a la carrera por el llamado turno libre, es decir, aprobar unas duras oposiciones sobre el estudio memorístico de más de 300 temas y recitar diez de ellos a un tribunal, con un tiempo medio no superior a los 15 minutos.

Sobre este sistema pivota un lucrativo negocio al que contribuyen medio millar de magistrados que ayudan a los 5.000 sufridos opositores para que canten bien los temas entre las ilustres paredes del Tribunal Supremo.

Pese a que los jueces y magistrados tienen un régimen bastante estricto de incompatabilidades, una forma para redondear el sueldo son las clases de derecho, los cursos, las conferencias, los libros o preparar opositores, una actividad que supone unos 300 euros extra al mes, según un jurista conocedor de estas prácticas, que asegura que salvo honrosas excepciones son emolumentos que no se declaran a la Hacienda Pública.

El exjuez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación en las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel', aseguró poco después de su inhabilitación en una entrevista en La Sexta que hay muchos jueces del Supremo que cobran en negro conferencias o las clases como preparadores de oposiciones.

Regulación

Esta «industria» paralela a la Judicatura tienen tanta influencia que ejerce una presión «importante» sobre el Poder Legislativo y el Judicial a la hora de impedir que se modifique el actual sistema de acceso a la carrera y beneficiar así la estructura endogámica y corporativa establecida para ser juez profesional, según denuncian algunos jueces sustitutos consultados que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias.

Pero no solo pasa en la carrera judicial. También entre los fiscales y los secretarios judiciales se llevan estas prácticas. «Existe este negocio, todo el mundo lo sabe», asegura el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Carlos Artal. Una de las soluciones que propone Artal es la regulación expresa en la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial de estas actividades un tanto oscura.

Y es que no es posible mantener un sistema «muy español» de acceso a la función judicial por oposición, establecido en la Constitución de 1869 y la Ley del Poder Judicial de 1870, y que, naturalmente, pide a gritos una reforma sustancial congruente con los tiempos actuales.