LA CARA OCULTA DE LA JUDICATURA

Son como el hijo ilegítimo al que no le quieren reconocer los apellidos. El «cáncer del sistema judicial», les han llegado a llamar. Llevan toga e imparten justicia. Pero carecen de derechos y de reconocimiento. «Somos la mano de obra barata de la judicatura», denuncian. Se trata de los jueces sustitutos. Abogados, juristas o aspirantes frustrados a magistrado que han formado parte del sistema judicial sin «carácter de profesionalidad» por no haber aprobado la oposición. Ahora un millar se irán al paro por los ajustes. Pero antes de irse quieren denunciar su precariedad laboral y desvelan que miles de sentencias dictadas por ellos podrían ser nulas.

La figura de los jueces sustitutos nació hace 25 años para rellenar los huecos de los juzgados y tribunales de todo el país. En principio era una solución excepcional, justificada por motivos de necesidad. Pero pasaron los años, crecieron los litigios y su presencia acabó por ser imprescindible, hasta sumar nada menos que el 20% de los jueces en activo y dictar en 2011 una de cada seis sentencias, más de 270.000, según datos oficiales.

Este colectivo paria, al que el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial han ido reconociendo complementos a cuentagotas, se encuentra ahora con el agua al cuello. La causa es la llamada Ley de Medidas de Eficiencia Presupuestaria de la Administración de Justicia, que reduce de 60 millones de euros a ocho la partida destinada a los sustitutos. «Una inocentada» aprobada por el Gobierno el pasado 28 de diciembre que dejará en la calle a la mayoría de los interinos, algunos con más de 20 años de antigüedad que han ocupado las plazas periféricas que los titulares no querían.

«Se trata de un ERE encubierto», resume el magistrado Carlos Preciado, responsable del área sindical de la asociación Jueces para la Democracia. Las consecuencias, cuenta, serán «catastróficas» y se harán visibles desde mayo. Aumentará la sobrecarga de trabajo y habrá más lentitud en los procesos con el consiguiente enfado de los ciudadanos. Para algunos jueces «de trinchera» será letal, advierte.

¿Sentencias nulas?

«Asumirán la oferta dos juzgados por uno, como en el supermercado, por solo 600 euros más al mes» ilustra una jueza sustituta de Barcelona que lleva cuatro años en la bolsa de trabajo y ha ejercido de forma efectiva la mitad. Un año en un juzgado, varios meses en otro, algunas semanas de paro y vuelta a empezar.

Un juez sustituto de Madrid, que también prefiere el anonimato, explica la precariedad laboral como una condición inherente al colectivo. «Esta semana me han llamado para cubrir una baja de tres días. Tuve una decena de juicios y me he llevado el trabajo a casa para poner las sentencias. Claro, a coste cero porque oficialmente al cuarto día regreso al paro hasta que me vuelven a llamar para otra vacante».

Procesalmente este tipo de situaciones bordean la legalidad, «si no la sobrepasan», aseguran algunos juristas consultados. Precisamente, Izquierda Plural llevará esta semana al Congreso una pregunta al ministro Alberto Ruiz-Gallardón sobre este asunto. ¿Es cierto que los jueces sustitutos han dictado sentencias estando desempleados, es decir, sin estar en funciones jurisdiccionales como exige la ley?

«Es un escándalo. Miles de sentencias podrían ser revisadas si lo piden las partes y declaradas nulas si se demuestra que fueron dictadas por jueces sin funciones jurisdiccionales, un principio básico del ordenamiento jurídico», confirma una sustituta de Tarragona.

«Es una situación alegal y hemos sido los secretarios judiciales los que hemos puesto orden en la entrada de estas sentencias puestas por los sustitutos» en sus casas, admite Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.

Desde el Ministerio de Justicia aseguran que es una práctica «que se ha hecho desde siempre» y puntualizan que la obligación de los sustitutos, como la de cualquier profesional, es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado como garantía a los ciudadanos que acuden a la Justicia en busca de un proceso justo. «Lo importante es que son jueces a todos los efectos desde que juzgan hasta que concluyen las sentencias. Así lo impone la ley», asegura Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

Para la mayoría de los consultados es un tema «delicado y complejo», que le compete dirimir al Consejo del Poder Judicial si se demuestran las irregularidades. La comprobación es muy sencilla. Basta con comparar la vida laboral de los sustitutos, que refleja los periodos en los que estuvieron parados, con las fecha de sus sentencias.

Ofensiva laboral

La Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, no reconocida por el Consejo, prepara una batería de medidas si se consuma la supresión de sus puestos, entre las que se podría incluir una denuncia laboral por ERE colectivo o reclamaciones de cantidades impagadas. Ayer se reunieron de urgencia en Madrid para dibujar su ofensiva porque el tiempo apremia.

El 1 de abril entran en funcionamiento los nuevos calendarios de guardias elaborados por los Tribunales Superiores de Justicia, que se las ven y se las desean para cubrir los huecos. En esta rueda entrarán jueces noveles que se encuentran todavía en la escuela, los de adscripción territorial y aquellos obligados al traslado forzoso. Solo en los casos «excepcionales» se tirará de la lista de interinos, aunque con la estrechez presupuestaria el colectivo asume que será su fin.

Una opinión diferente tiene el diputado José Miguel Castillo, portavoz del PP en la comisión de Justicia del Congreso. «Lo que se ha materializado con la reforma es un sistema judicial con jueces profesionales e independientes, contemplando un sistema de refuerzos y sustituciones realizados por miembros de la carrera judicial a cambio de una retribución actualizada. Así se recupera la excepcionalidad de la Justicia interina, que nunca debió perderse», defiende.

El Ministerio de Justicia replica que fueron los propios jueces de carrera y los grupos parlamentarios quienes reclamaron una judicatura profesional. «Eso no quiere decir que se supriman las plazas de los sustitutos. Están siendo llamados y seguirán siendo llamados, pero es cierto que ya no serán tantos», admite el director general Ricardo Conde, que asegura que en 2011 hubo más de 1.400 interinos entre sustitutos y eméritos.

A este respecto, el Gobierno valora la oportunidad de reconocer individualmente la experiencia acumulada por este colectivo para acceder a la carrera profesional por el cuarto turno, una vía abierta para juristas con más de diez años de ejercicio profesional.