Torres-Dulce desautoriza al fiscal anticorrupción de Baleares sobre la imputación de Camps y Barberá

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha desautorizado esta mañana a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y ha asegurado que no le ha sido planteada "en modo alguno" la posibilidad de imputar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, por los contratos con la fundación Nóos.

"Que yo tenga noticia, todavía no se ha planteado esa posibilidad. Cuando se plantee bien por el juez instructor del caso o alguna de las partes los fiscales adscritos a ese caso me lo comunicarán y yo tomaré la decisión correspondiente. Pero hasta este momento no se me ha planteado de modo alguno algún tipo de decisión en este sentido", ha respondido Torres Dulce sobre la posible imputación de Barberá y Camps, en un acto en Huelva.

De esta forma, el fiscal general ha salido al paso de las informaciones sobre que la Fiscalía Anticorrupción ha apreciado indicios de un posible delito de prevaricación de Camps y Barberá en relación con los contratos firmados por el Instituto Nóos entre 2004 y 2006, por los que la fundación dirigida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres recibió de las administraciones valencianas cerca de cuatro millones de euros.

Así, por segunda vez en menos de diez días, la Fiscalía sale al paso de las informaciones nacidas en Baleares que apuntan a una inminente imputación de los dos políticos valencianos por la presunta adjudicación de contratos sin concurso a las empresas del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para organizar eventos en Valencia.

Indicios

Según desvelaron fuentes de la investigación, tanto el magistrado como el fiscal Pedro Horrach creen que hay indicios suficientes para imputar a todos ellos por los cuatro contratos a Urdangarin y a su instituto entre 2004 y 2006, que supusieron a las arcas públicas 695.403 euros. El magistrado tomó la decisión después de escuchar en febrero pasado las declaraciones del propio duque de Palma y de Torres. Ambos confirmaron de viva voz que tanto los Valencia Summits como la idea de realizar unos Juegos Europeos surgieron después de una o varias entrevistas con Camps y Barberá.

La alcaldesa ha venido insistiendo en las últimas semanas que ella no "firmó" nada ni "dio a dedo nada al Instituto Nóos". Barberá sostuvo siempre que fue la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau "quien tomó la decisión" de hacer los Valencia Summits y que esta fundación es "una entidad de carácter privado". Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que la fundación es básicamente una empresa pública, porque más del 80% de sus fondos son aportados por el ayuntamiento valenciano.

Anticorrupción cree que la adjudicación directa de esos eventos saltándose todas las normas de contratación pública solo pudo ser posible por la intervención directa de esos dos mandatarios.