Gallardón recomienda a los fiscales que en el futuro rehúyan el debate soberanista

El ministro de Justicia bendijo ayer la puesta en marcha por Eduardo Torres-Dulce del drástico procedimiento sancionador que terminó con la destitución del fiscal jefe de Cataluña y aprovechó el caso, y en especial la polémica soberanista, para lanzar a fiscales y magistrados un aviso a navegantes.

Es el primer miembro del Ejecutivo que aplaude abiertamente en público la fulminante actuación del fiscal general del Estado, que el martes le costó el cargo a Martin Rodríguez-Sol después de que perdiese la confianza de Torres-Dulce por mostrarse comprensivo con la celebración de una consulta legal de autodeterminación en Cataluña.

Alberto Ruiz-Gallardón recordó a jueces y miembros del Ministerio Publico que la ley les obliga a abstenerse de participar en cualquier debate de carácter político y que prevé duras sanciones para quienes ignoren este mandato profesional.

Indicó que es un requisito legal del estatuto de ambos colectivos y, al tiempo, un hecho de «sentido común», porque unos y otros se pueden ver obligados a presentar escritos o a dirimir conflictos sobre asuntos políticos de los que han opinado y que, en ese caso, se convertirían en carne de inhibición, porque su objetividad habría quedado «contaminada». «No es un problema de limitar la libertad de expresión, ni muchísimo menos», puntualizó, para añadir que, de hecho, las limitaciones legales a las valoraciones de los profesionales judiciales son precisamente «una garantía» para el correcto ejercicio de su función.

Escarmiento

El ministro dio a sus palabras en RNE un tono rutinario, de asunto conocido por todos, pero no dejó de subrayar el aviso al mundo judicial ante futuras tentaciones similares a las que han costado el cargo a Martín Rodríguez-Sol. «En este caso -el del fiscal jefe de Cataluña- no se produjo esa actitud de abstención. Se produjo la participación, y es por lo que se abrió el expediente correspondiente por parte del fiscal general del Estado», resumió.

El presidente de la Generalitat de Cataluña no puede estar más en desacuerdo con el titular de Justicia. Ayer insistió en que el fiscal general del Estado, presionado por el Gobierno, ha destituido a Rodríguez-Sol para dar un escarmiento a quienes comprenden las aspiraciones soberanistas de los catalanes.

Artur Mas considera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en su ataque a las reivindicaciones de Cataluña, «lleva las cosas al límite, de una manera poco presentable», y que prueba de ello es el cese del fiscal jefe. Cree que este caso ilustra perfectamente «hasta que punto la exageración del Estado español es máxima en relación con el proceso que vive Cataluña».

La fulminante destitución de Rodríguez-Sol no ha sentado bien en buena parte del mundo judicial, que considera el castigo excesivo. El presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, puso ayer voz a este malestar con una nota oficial de despedida en la que le agradeció «la firmeza de sus convicciones democráticas y el profundo respeto hacia los posicionamientos de otros». Unión Progreso y Democracia, el único partido nacional junto al PP que aplaudió las destitución de Rodríguez-Sol, no desaprovechó las palabras de Ruiz-Gallardón y exigió al ministro que aplique de inmediato su teoría y pida ya la apertura de un expediente de destitución para el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro.

La formación liderada por Rosa Díez considera «un escándalo» y una «vergüenza» que el jefe del Ministerio Público en Euskadi se haya mostrado favorable a tener en cuenta la realidad social a la hora de aplicar a los presos de ETA la política penitenciaria y tomar medidas que faciliten su reinserción social en un momento en que la banda ha anunciado el fin del terrorismo. Díez considera que Calparsoro trata de encontrar «atajos» para interpretar las leyes en beneficio de las tesis defendidas por los nacionalistas, que piden al Gobierno una flexibilización de la política penitenciaria.