La reincorporación de Alaya reactiva el caso de los ERE
La instrucción del supuesto macrofraude había bajado el ritmo con los jueces sustitutos durante los seis meses de baja de la titular
SEVILLA.Actualizado:Con paso firme y acompañada por su inseparable maletín repleto de documentación. Así llegó ayer la juez Mercedes Alaya a los juzgados de Sevilla tras una baja de casi seis meses por enfermedad que, en la práctica, ha aletargado la instrucción del caso de los ERE fraudulentos, el mayor escándalo de corrupción en Andalucía. Aunque la investigación ha seguido su curso, todo indica que la reincorporación de Alaya servirá para reactivar un macroproceso que acumula ya más 60 imputados.
La jueza, de 49 años, imprimió un ritmo endiablado entre 2011 y los primeros meses de 2012 en lo que a la instrucción se refiere. Entabló discusiones legales con la Junta de Andalucía para conocer las actas de los consejos de gobierno y desarrolló largos interrogatorios a los implicados que acababan a altas horas de la madrugada, como ocurrió con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Al mismo tiempo que el fraude de los expedientes de regulación de empleo pagados con dinero público -que acumula más de 60 tomos y 30.000 folios-, Alaya también llevaba a sus espaldas la investigación del 'caso Mercasevilla', germen del 'caso ERE', e incluso el sumario del 'caso Lopera'.
Con esta carga de trabajo a pocos extrañó que la jueza tuviera que cogerse una baja médica en septiembre por unas molestas cefaleas que la llevaron al hospital. Los periodos de inactividad de Alaya empezaron a sucederse y Anticorrupción incluso alertó del riesgo de que algunos de los delitos prescribieran, algo negado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La ausencia fue cubierta al principio por el juez de refuerzo de su juzgado, Iván Escalera, y después por una juez de adscripción territorial, Ana Rosa Curra, que contó con un segundo juez de refuerzo para asumir las demás causas.
Alaya, nada más llegar, ha comunicado que quiere recuperar la instrucción de los ERE. Será quien culmine las pesquisas en marcha y quien reciba la respuesta de la Junta a las «discrepancias» en algunos contratos o la falta de medios que le llevó a recurrir el asesoramiento de bufetes jurídicos durante una década.