El fiscal jefe de Cataluña dimite después de que Torres-Dulce le retire su confianza

El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, le hizo ayer el último favor a su antiguo amigo Eduardo Torres-Dulce, su actual jefe superior y el máximo responsable del Ministerio Público, con quien afirmó que, pese a todo, había procurado actuar «con lealtad».

Rodríguez-Sol dimitió después de constatar, durante casi dos horas de conversación, que el fiscal general del Estado le había retirado de forma absoluta su confianza por las declaraciones realizadas el domingo a Europa Press, en las que mostró comprensión con la celebración de una consulta legal soberanista en Cataluña y dijo entender el ejercicio del derecho a decidir que cuenta con un gran respaldo social en esta comunidad.

De nada sirvió su rectificación del mismo lunes, replicada mediante correo electrónico a todos sus subordinados en los tribunales catalanes, en la que dejó clara su oposición al proceso secesionista encabezado por CiU y ERC, el rechazo de un referendo ilegal y su total respeto por la legalidad constitucional.

Su renuncia, que fue aceptada 'in situ' y de inmediato por Torres-Dulce durante la entrevista en la sede de la Fiscalía, permitió cerrar el proceso extraordinario de remoción en el cargo puesto en marcha por el fiscal general el mismo lunes y le evitó al máximo responsable del Ministerio Público el fuerte desgaste profesional y político de tener que proponer el cese de su subordinado al Gobierno.

Esta decisión disciplinaria fulminante, que debía ser debatida por la cúpula de la carrera en el Consejo Fiscal antes de su traslado al Ejecutivo, no contaba con el apoyo de buena parte de las asociaciones de fiscales, jueces y abogados, que ayer defendieron el derecho a la libertad de expresión del fiscal jefe o, cuando menos, que la sanción era excesiva.

En cualquier caso, todo apuntaba a que Eduardo Torres-Dulce, recibiese o no el apoyo de la cúpula fiscal, iba a cesar a Rodríguez-Sol porque no quería permitir que el órgano estatal constitucionalmente obligado a velar por el cumplimiento de la legalidad, la Fiscalía, transmitiese dudas sobre su disposición a utilizar todas las armas del estado de derecho a su alcance para frenar el pulso independentista, tal y como ha repetido con insistencia el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

De hecho, las declaraciones del fiscal jefe de Cataluña se produjeron justo en el momento en el que el Gobierno daba los últimos retoques a la impugnación con la que pedirá en los próximos días al Tribunal Constitucional que acuerde la nulidad de la declaración de soberanía aprobada en enero por el Parlamento autonómico, la piedra sobre la que la Generalitat pretende poner en marcha el proceso secesionista, que debería terminar en 2014 con la celebración de una consulta.

Segundo choque

Las declaraciones del fin de semana fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de Torres-Dulce, que ya había empezado a pensar en noviembre pasado que Rodríguez-Sol no era el hombre de confianza que quería tener en este delicado momento en Cataluña, pese a que no llevaba ni cinco meses en el cargo y que ambos habían sido compañeros de la conservadora Asociación de Fiscales, en la que habían compartido responsabilidades.

El fiscal general del Estado desautorizó hace cuatro meses en público a su subordinado en Barcelona cuando intentó poner en marcha un proceso por delito de calumnias contra 'El Mundo' por publicar, pocos días antes de las decisivas elecciones autonómicas, un supuesto informe policial que apuntaba a la evasión de capitales a Suiza por parte de las familias del candidato Artur Mas y del expresidente catalán Jordi Pujol.

La drástica e inusual medida contra Rodríguez-Sol, que continuará unos días en el cargo hasta dejar cerrados los asuntos más urgentes, recibió el apoyo y el aplauso de los portavoces del PP y de Unión Progreso y Democracia, la compresión por posible «imprudencia» del PSOE, y el rechazo radical de todo el resto de formaciones nacionalistas y de izquierda (incluido el PSC), que denunciaron que respondía a un mandato y una imposición del Ejecutivo sobre el fiscal general, que busca un control «político» y «partidista» de la institución. IU registró una petición de comparecencia para que Torres-Dulce explique en el Congreso las razones del cese del fiscal de Cataluña.