Rajoy apela a la ley tributaria para no desvelar la lista de defraudadores 'amnistiados'

El presidente del Gobierno apeló a la legislación tributaria para justificar la no publicación del listado de evasores que se han beneficiado de la amnistía fiscal puesta en marcha por su Gobierno en 2012. Una lista que la oposición demanda desde el estallido del 'caso Bárcenas'. No obstante, Mariano Rajoy sí avanzó que su gabinete estudia cambios normativos para sortear los obstáculos legales que ahora impiden al Ministerio de Hacienda divulgar la prometida relación de grandes defraudadores y morosos con la administración.

A fecha de hoy, el Estado tiene vedado hacer públicos los datos específicos de personas físicas o jurídicas con cuentas pendientes con Hacienda. La Ley General Tributaria, en su artículo 95, establece el «carácter reservado» de esa información, que solo puede ser usada por las instituciones para «la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tengan encomendada», para «la imposición de las sanciones que procedan» o para su cesión a otros órganos de la administración (por ejemplo a la Fiscalía, a la Inspección de Trabajo o al Tribunal de Cuentas) al objeto de colaborar en la persecución de presuntas irregularidades o delitos.

Rajoy se aferró ayer, en sesión de control al Ejecutivo en el Senado, a esas restricciones legales para explicar su decisión de mantener secretas las identidades de los 'amnistiados'. Los datos, resaltó, solo pueden ser cedidos para contribuir a investigar y perseguir delitos. «Este es el principio que se aplica a todas las actuaciones de la administración tributaria, y también a los procesos de regularización tributaria», subrayó. El jefe del Ejecutivo avisó, sin embargo, de que eso no impide que los datos en poder de la administración sean utilizados por los inspectores de Hacienda.

«Como a buen seguro no se le escapa, el Gobierno tiene que cumplir las leyes», afirmó Rajoy en respuesta al senador de IU Jesús Enrique Iglesias, que le reprochó no haber desvelado el listado de beneficiarios de una medida que -considera- puede ser una «gigantesca lavadora de blanqueo de capitales».

Proceso excepcional

La amnistía fiscal, recordó el presidente, es un proceso «extraordinario, excepcional y limitado en el tiempo», pensado para afrontar una situación de las cuentas públicas «insostenible». La medida -a diferencia de otras similares adoptadas en el pasado- requiere la identificación de los titulares de los bienes y derechos regularizados, datos que después quedan a disposición de los inspectores. Y beneficiarse de ella no «borra, limpia o encubre» delitos, resaltó. Por eso, el presidente cree que es una medida compatible con la legislación contra el fraude y el blanqueo ahora en vigor.

Al mismo tiempo, el presidente recordó que su gabinete prepara una modificación de la ley para que los incumplimientos con el fisco más relevantes sean públicos. Esos cambios ya fueron comprometidos por su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, avisó de que una reforma de ese calado no puede realizarse «alegremente». «Es una cuestión delicada y la estamos estudiando en profundidad», apostilló Mariano Rajoy.