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Rosalía Iglesias, a la salida de su casa. :: SAMUEL SÁNCHEZ / EL PAÍS
ESPAÑA

La mujer del extesorero ingresó once millones en un año pese a carecer de trabajo

La advertencia de la Agencia Tributaria sobre sus cuentas fue desoída en 2009 por el juez, que retiró la imputación a Bárcenas y a su esposa

MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID.Actualizado:

Anticorrupción y el juez Pablo Ruz ponen en su punto de mira a la mujer de Luis Bárcenas después de cuatro años de continuos avisos de la Agencia Tributaria y de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal. El Ministerio Público acaba de pedir al instructor que indague sobre las importantísimas operaciones financieras de Rosalía Iglesias en España y si estas transacciones, en realidad, no fueron más que una tapadera para mover la ingente fortuna de su marido en Suiza, que llegó a sumar 38 millones de euros.

La Fiscalía se moviliza para descubrir si Iglesias no era más que otro testaferro de Luis Bárcenas, algo que podía haber hecho muchísimo antes. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria informó a la Justicia el 4 de junio de 2009 de que la mujer de Bárcenas, sin empleo conocido según sus propias declaraciones, movía unos capitales desmesurados.

Según el informe de Hacienda recuperado del sumario por los propios técnicos de la ONIF, en 2007 Iglesias Villar era titular de una cuenta en la sucursal de Caja Madrid de Príncipe de Vergara 32, al lado de su domicilio, en la que en ese año tuvo una «suma de abonos» de 10.935.241,64 euros. La propia Agencia Tributaria, que aventuró que la única explicación legal posible de esos ingresos era la «sucesivas reinversiones» en deuda pública que iban caducando, reconoció, no obstante, no saber el origen de esos importantísimos movimientos al no haber podido acceder a los «extractos bancarios» de la cuenta. A pesar de ese aviso, el entonces instructor del caso, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, no ordenó una investigación más profunda. Es más, el magistrado en abril de 2010 terminó por retirar la imputación a Rosalía Iglesias y más tarde a su marido.

Ahora la Fiscalía, según explicaron fuentes del caso, ha pedido a Ruz que investiguen cinco ingresos de la mujer de Bárcenas en esa misma cuenta entre 2004 y 2005 que suman unos 600.000 euros. Anticorrupción quiere saber si esos abonos tienen relación con la fortuna que su marido llegó a manejar en el país helvético.

Declaración «inveraz»

Pero esas sospechas de la Fiscalía, en realidad, también tienen un origen mucho más antiguo e igualmente conocido desde 2011, según denunciaron fuentes de Hacienda. Fue el 5 de julio de aquel año cuando el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria informó de que la mujer de Bárcenas «habría tratado de ocultar en su declaración de IRPF de 2006 un ingreso de 500.000 euros bajo la aparente transmisión de un elemento preexistente en su patrimonio que, por su antigüedad, estaría exento de tributación».

Sin embargo, sostenía Hacienda, «existen indicios de que tal declaración es inveraz y que tal transmisión no existió, habiéndose declarado con el único fin de encubrir un incremento patrimonial injustificado», que ya entonces se sospechaba que venía de su marido.

El informe de la Agencia Tributaria, que intentó sin éxito que Rosalía Iglesias explicase de dónde proviene esa cantidad, desvela que la esposa del extesorero ingresó el medio millón en billetes de 500 euros el 19 de enero de 2006 en la misma sucursal cercana a su domicilio. Hacienda incluía en sus escritos un vasto resumen de las cuentas de Iglesias que cifraba el supuesto fraude en al menos 222.112 euros.

Pero no solo Hacienda fue desoída. También la Policía, en mayo de 2009, al poco de comenzar el caso, dio la voz de alerta sobre el ingente patrimonio inmobiliario que movía Iglesias. Solo entre 2006 y 2009 había comprado varias plazas de garaje y una casa unifamiliar en el Valle de Aran (Baqueira) con un valor catastral de 941.100 euros, pero que probablemente tuviera un «valor de mercado tres o cuatro veces superior». En ese mismo informe, la UDEF alertó de que era titular de una casa en Marbella -con un valor de mercado de unos 400.000 euros-, de otros dos locales en ese municipio malagueño, y de dos plazas de aparcamiento en Madrid.