Los recortes maniatan a los estadounidenses

Llegó la hora cero y el suelo no se hundió. Al menos para el 70% de los estadounidenses que no cree que los brutales recortes presupuestarios que ordenó ayer a regañadientes Barack Obama tengan grandes efectos en sus vidas. Si preguntasen a los europeos de países en crisis entenderían que tarde o temprano la austeridad caerá sobre toda la sociedad. Es momento de revisar los reportajes de 'New Yorker', bajo el título 'The Pain in Spain', y las fotos del 'The New York Times' sobre españoles rebuscando en la basura.

«Parece que quieran que pasemos por lo mismo», lamentó ayer Paul O'Connor. «Y lo más frustrante es que esta es una crisis manufacturada por un Congreso inepto». El líder sindical de los astilleros de Portsmouth (New Hampshire) forma parte del escaso 18% que, según una encuesta del 'The Washington Post' y el PEW Research Center, entiende «muy bien» qué ocurrirá ahora que entran en vigor los draconianos recortes automáticos que aprobó el Congreso en 2011.

Entonces nadie pensaba que se harían realidad, porque la intención era forzar la negociación de otros más sensatos. Recortar arbitrariamente todos los gastos discreccionales del Gobierno entre un 9% y un 13%, sin discriminar sobre el impacto económico, parecía suficientemente aterrador como para forzar el entendimiento que falta en Washington. Eso era antes de que la ultraderecha tomase por rehén al Congreso republicano bajo la amenaza de boicotear la reelección de cualquier legislador que ose votar en favor de medidas que suban la declaración de impuestos de los ricos.

A O'Connor no se le escapa quién está detrás de este golpe «autoinfligido» a la economía de EE UU, según dijo el propio Obama, tan frustrado como él. A partir de mañana los astilleros cuyos derechos laborales defiende tendrán que elaborar una lista con miles de trabajadores forzados a reducir su jornada al menos un día a la semana, y a aceptar hasta un 20% de reducción salarial. «Estoy frustrado y cabreado con esa gente del Tea Party», se desahogó. «Son unos miopes y como mínimo altamente irresponsables, porque esto no ahorrará un céntimo a los contribuyentes».

Como ejemplo pone el submarino que está anclado en sus astilleros, hasta ahora los más productivos y eficientes de EE UU. Con la obligada reducción de personal, su impecable historial de entregas está a punto de arruinarse. El USS Miami, anclado para reparar los efectos de un devastador incendio, se eternizará. «Al final puede perder la certificación y pasar al desguace sin volver al mar, lo que generaría grandes pérdidas a la Marina, amén del daño para la capacidad de reacción del Pentágono y a nuestra seguridad nacional».

Los recortes «insensatos y arbitrarios», en palabras de Obama, que reducirán 65.000 millones de euros en lo que queda del año fiscal y 900.000 en una década, serán fatales para una economía débil que no ha afianzado la recuperación. Y no solo para los 800.000 funcionarios a los que reducirá jornada y sueldo. En la comunidad de Exeter donde vive O'Connor, de 14.300 habitantes, «es difícil encontrar a alguien sin un familiar trabajando en los astilleros», explica el líder sindical. «Algunas familias llevan cinco o seis generaciones ligadas a ellos. Nosotros somos sus clientes, el combustible de la economía local. ¿Qué pasará cuando no tengamos dinero para cenar en sus restaurantes, ir al cine o dejar el coche en sus aparcamientos?».

Un mes de aviso

La ola expansiva tardará en llegar. Cada departamento tendrá dos semanas para determinar de quién prescinde y darle un mes de aviso. En abril se verán desiertas las calles de las poblaciones dependientes de bases militares y contratas del Gobierno, crecerán las colas en los aeropuertos y consulados por falta de personal y se agolparán los pobres en los comedores sociales. Es el margen del que dispone el Ejecutivo para llegar a un acuerdo sobre el déficit antes de que los efectos se extiendan a la población y dañen la frágil recuperación económica. O'Connor no cree que se consiga. Los republicanos del Congreso han demostrado su incapacidad para negociar y para anteponer a la gente de la calla a su ideología y temores electorales.

El Gobierno ha puesto números apocalípticos a la calamidad. Calcula que 750.000 trabajadores se quedarán sin empleo, casi 4 millones de parados de larga duración perderán el 10% de su subsidio, más de 700.000 embarazadas y niños se quedarán sin las ayudas alimenticias, 100.000 familias sin las de vivienda, 10.000 maestros serán despedidos, como 1.000 agentes del FBI, y se cerrarán 100 torres de control en aeropuertos de todo el país . La cuenta de daños seguirá aumentado tanto como tarden los congresistas en entender que «recortar el gasto no es una política de crecimiento económico», repite el presidente, un Barack Obama ha ganado las elecciones, pero se ha quedado solo en el mundo.

«Si esto dura años, como prevé la la ley, dejaremos a la gente sin comer», resume Mark Adler, que alimenta en Florida a miles de ancianos sin recursos.