El juez imputa al testaferro de Bárcenas en Suiza por blanqueo de capitales

Iván Yáñez, la persona a la que Luis Bárcenas dio plenos poderes para gestionar su cartera de valores y su cuentas en Suiza tras estallar el 'caso Gürtel', en febrero de 2009, tendrá que declarar como imputado el 8 de marzo en la Audiencia Nacional por un delito de blanqueo de capitales.

El juez Pablo Ruz, instructor de la trama corrupta, dio por buenas ayer las pruebas presentadas por las fiscales anticorrupción, según las cuales Yáñez fue el testaferro de Bárcenas tras su imputación por cohecho y contra la Hacienda Pública.

Esta gestión habría comprendido la transferencia de fondos desde las cuentas a nombre de la fundación Sinequanon desde el Dresdner Bank de Ginebra al Lombard Odier así como a Estados Unidos, donde se desviaron 4,5 millones de euros entre marzo y junio de 2009, movimientos que actualmente se encuentran en investigación mediante las comisiones rogatorias cursadas al efecto.

Yáñez era el «representante a todos los efectos» de Bárcenas, quien le concedió «un poder tan amplio como sea necesario en cualquier operación de carácter mercantil, financiero o jurídico». El vínculo entre ambos se mantiene aún activo, en tanto en cuanto este gestor de fondos, suspendido de empleo por su actual empresa, JB Capital Markets, fue el encargado de tramitar la amnistía fiscal del exsenador a través la sociedad Tesedul S. A., en septiembre de 2012.

Bárcenas conoció a Yáñez a través del padre de éste, Francisco José Yáñez, un antiguo empleado de la sede central del PP en tiempos de Manuel Fraga. Así lo expuso el extesorero durante la declaración ante el juez del pasado lunes.

En el auto de imputación, Ruz acordó también la citación como testigos el 8 de marzo de Pedro Hernández de Zárate y Susana Mantecón Gayo, quienes, según afirmó Bárcenas, intervinieron en operaciones de compraventa de cuadros, una de las justificaciones que dio sobre el origen de su fortuna ya que «no dejan rastro». Ambos habrían intervenido en la concesión de un crédito en 2003 para que Bárcenas financiara estas operaciones.

Las dudas sobre el origen de la fortuna del extesorero siguen siendo grandes y el juez le reclamó varios documentos, en concreto los referidos «a dos préstamos» que supuestamente le hicieron y a la declaración del IRPF de 2007 tanto suya como de su mujer, Rosalía Iglesias.

Asimismo, solicitó al imputado que aporte justificantes de ingresos en efectivo en tres tandas por un total de 418.000 en cuentas de su mujer en 2004 y 2005, la compraventa de un «elemento patrimonial» por 149.600 euros declarada por Iglesias en 2005 y el destino de 52.395 euros sacados de una cuenta de Bárcenas en esa año, entre otros.

Querellas

Mientras el juez sigue con las diligencias, Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos de abogados y asociaciones ecologistas presentaron ayer una querella en la Audiencia Nacional por las anotaciones de Bárcenas, que reflejan la supuesta contabilidad secreta del partido.

La denuncia acusa a varios altos cargos del PP y a los empresarios que aparecen en las notas del extesorero. En concreto, al propio Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Federico Trillo, nueve constructores y Pablo Crespo, uno de los supuestos cabecillas de la trama 'Gürtel'.

Les acusan de asociación ilícita, alteración de precio en concurso y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude, exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.

Los querellantes pidieron citar como testigos a los altos cargos del PP que admitieron cobros aunque después devolvieron el dinero. Se trata del presidente del Senado Pío García Escudero y del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. También el exministro Jaume Matas. Asimismo, solicitaron que se investiguen sus declaraciones de la renta en los años en los que pidieron el dinero y judicializar las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción.

Horas después, el PP anunció otra querella «por injurias y calumnias» contra IU y el resto de firmantes por asegurar que «todo apunta a que estaríamos ante una práctica sistemática, organizada y coordinada, incrustada desde hace años en el núcleo de la más alta dirección del PP».