El Gobierno tiene luz verde para pedir la nulidad de la declaración de soberanía

El Gobierno tiene ya vía libre para acudir al Tribunal Constitucional y reclamar que anule de inmediato la declaración catalana de soberanía, aprobada el pasado 23 de enero por el Parlament.

El Ejecutivo recibió ayer el dictamen del Consejo de Estado que avala las conclusiones reseñadas hace dos semanas por la Abogacía del Estado, que aseguró en su informe que la declaración viola como mínimo cuatro de los principales artículos de la Carta Magna. Ambos consideran conveniente y ven «motivos bastantes» para presentar un recurso de inconstitucionalidad y para que el acuerdo sea expulsado del ordenamiento jurídico español porque que sí tiene efectos jurídicos. El Consejo de Ministros podría estudiar ya hoy el contenido del dictamen del Consejo de Estado e incluso dar orden a la Abogacía del Estado para que interponga el recurso, según fuentes del Gabinete. Si no toma la decisión en esta reunión lo hará con toda probabilidad en la próxima cita, pero la impugnación se puede dar como un hecho seguro.

El Ejecutivo, de hecho, tras leer el documento de sus servicios jurídicos, solo estaba a la espera de conocer el dictamen del máximo órgano consultor del Estado para hacer oficial su decisión de recurrir. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó hace dos semanas que el informe de la Abogacía sería «un elemento muy importante a la hora de tomar una decisión».

La presentación del recurso de inconstitucionalidad supondrá la suspensión inmediata del acuerdo del Parlament al menos por cinco meses. Tras ese tiempo, la corte deberá decidir si mantiene o levanta la medida cautelar en tanto resuelve sobre el fondo del asunto.

Soberanía indivisible

El Gobierno tuvo claro su movimiento nada más conocer las conclusiones de los servicios jurídicos del Estado. La Abogacía, según el resumen que hizo Sáenz de Santamaría, concluyó que declarar «la soberanía del pueblo catalán y su derecho a decidir sobre su futuro en su condición de sujeto jurídico y político» vulnera como mínimo cuatro artículos troncales de la Carta Magna, el 1.2, el 2, el 9, y el 168.

Son los que dicen que la soberanía reside en el pueblo español y es un todo indivisible, consagran la indisoluble unidad de la nación y recuerdan que todos los poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico.

También concluyó que el texto infringiría el procedimiento agravado de reforma de la Carta Magna, el previsto para modificar lo dispuesto en los capítulos especialmente protegidos de la Constitución. La Abogacía tampoco ve problema formal alguno para recurrir el acuerdo catalán por tratarse de una disposición parlamentaria que ya ha completado todo su recorrido y adquirido valor final con la votación del pleno que la aprobó.

La Generalitat aseguró ayer que si el Gobierno presenta el recurso plasmará su «beligerancia» hacia Cataluña y demostrará «miopía democrática».