La defensora del pueblo ve insuficientes las medidas contra los desahucios

Los problemas derivados de la crisis y la política de ajustes aplicada por las administraciones públicas constituyeron el grueso de las quejas remitidas por los españoles a la Oficina del Defensor del Pueblo durante 2012, según desveló ayer su responsable, Soledad Becerril. Tras la entrega en el Congreso del informe anual de esta institución, Becerril apuntó que las principales actuaciones de su departamento se desarrollaron en el ámbito económico. Y entre estas destacaron aquellas destinadas a reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores.

En relación a los desahucios, la institución presentó a lo largo del año pasado una serie de recomendaciones que en varios casos, destaca la memoria, fueron recogidas por la Administración central. Sin embargo, también señala que, pese a que las iniciativas emprendidas por el Gobierno hasta el momento son positivas, no dejan de ser insuficientes debido a las limitaciones que existen para su efectiva aplicación. La defensora del pueblo recomienda que «con el fin de evitar situaciones de exclusión social, se estudie la adopción de medidas extraordinarias para que los deudores de buena fe, que se encuentran en riesgo de perder la vivienda habitual o el local de negocios, donde se ejerce la profesión o actividad que constituye su forma de vida, puedan continuar utilizando tanto la vivienda como el local por un precio o cualquier otro tipo de compensación». Se muestra a favor, además, de aplicar la dación de pago «en casos extraordinarios» con el fin de que las personas afectadas no permanezcan endeudadas de por vida «de tal suerte que cualquier mejora en su situación económica únicamente vaya a servir para el pago de la deuda persistente que, en la mayoría de las ocasiones, ha crecido de forma desmesurada por la mora, generando gastos e intereses que no deberían repercutir en estos momentos en esos deudores de buena fe».

La defensora del pueblo también investigó las críticas ciudadanas por la insuficiente transparencia de las entidades financieras. En concreto destacaron las quejas acerca de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información a los pequeños ahorradores. A juicio de la institución «algunas cajas de ahorro» actuaron de un modo «absolutamente censurable» con sus clientes, lo que ha originado «decenas de miles» de afectados que no han podido retirar sus depósitos. Para evitar que se repitan estos casos, recomienda otorgar mayores competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de cara a proteger a los inversores y a ello suma la necesidad de compensar a los perjudicados por estos productos financieros.

El informe también se hace eco de una situación que ha comenzado a detectarse en relación con los planes de pensiones. Según la Defensora del Pueblo, cada vez son más los parados que quieren rescatar su dinero pero no pueden hacerlo por haber contratado el plan en situación de desempleo. Becerril recomienda que se modifique la normativa para que los desempleados puedan recurrir a esos ahorros en caso de necesidad, con el fin de «paliar una situación de emergencia que afecta seriamente a la capacidad económica de los partícipes».

La Institución reconoce la legalidad que asiste al Gobierno para, en el marco de sus programas de ahorro, suprimir una de sus dos paga extra a los funcionarios, una medida por la que el Defensor del Pueblo recibió numerosas reclamaciones. Sin embargo, sí considera que la Administración debe abonar a los trabajadores del sector público la parte proporcional de ese salario hasta la aprobación el 15 de julio de 2012 del decreto ley que lo eliminó.