La reforma local hace peligrar 115.000 puestos públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) sostiene que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno pondrá en peligro unos 115.000 empleados públicos, que serán despedidos o cambiados de administración. El principal sindicato de la función pública advierte de que los trabajadores «no aceptarán la modificación unilateral de las condiciones de trabajo», y reclama la convocatoria «urgente» de una ronda de consultas con todas las centrales sobre el anteproyecto de reforma sobre el que trabaja el Gobierno.

En un encuentro con la prensa, el presidente del sindicato, Miguel Borra, reconoció los aspectos positivos de la reforma «para racionalizar el gasto público, la eliminación de duplicidades y la mejora de la eficiencia, la profesionalización y despolitización de las administraciones». Sin embargo, a su juicio existen «muchas medidas» que despiertan la preocupación del sindicato «dado los antecedentes de este Gobierno en materia de recortes, destrucción del empleo y amortización de plazas».

CSI-F recuerda que el anteproyecto «modifica cuestiones fundamentales que afectan a las condiciones laborales de más de medio millón de empleados públicos», así como a la «gestión, la calidad y la ordenación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos». Lamenta, además, «que el Gobierno no haya trasladado ni consultado» esas modificaciones con los sindicatos, «lo que demuestra una falta de sensibilidad hacia el diálogo social». El sindicato de funcionarios reclama «firmes garantías sobre la estabilidad de los empleados públicos» ya que, sostiene, «en su actual redacción» la ley «deja la puerta abierta a la privatización de los servicios y vacía de contenido a más del 90% de los ayuntamientos». Además, considera preciso «delimitar el papel de las comunidades autónomas y ayuntamientos en la prestación de servicios a los ciudadanos».

En materia de retribuciones, el CSI-F sostiene que se debe contemplar la capacidad de negociación colectiva en cada ámbito administrativo, y que no aceptará «que el Gobierno realice una nueva rebaja generalizada de retribuciones en el ámbito local, por la puerta de atrás, y sin negociación».

El sindicato considera que «siguen sobrando figuras interpuestas y politizadas creadas a dedo en los últimos años», por lo que cree «urgente simplificar y homogeneizar la estructura administrativa». En cuanto a la reducción de asesores propuesta por el Gobierno, «si bien es necesaria, aún es insuficiente para afrontar el grave problema de derroche y gastos superfluos que afecta a nuestras administraciones».