Globalia culpa a «la ley» de Competencia del desastre de Orizonia

Ni la crisis, ni la mala gestión empresarial, ni la falta de previsión del Gobierno ni la lentitud de los reguladores provocaron, según el grupo turístico Globalia, la quiebra de su competidor Orizonia, un negocio que en diciembre pasado se había comprometido a comprar pero que por las demoras en la operación acabó solicitando el preconcurso de acreedores agobiado por la deuda. El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha culpado este martes a un ente inmaterial como es «la ley» de Competencia y sus rigideces de este fracaso, que ha derivado en un expediente de regulación de empleo (ERE) que llevará a engrosar las listas del paro a unos 3.000 empleados.

Hidalgo ha decidido dar la cara con intención de convencer a la sociedad de que ellos no son los causantes del hundimiento de Orizonia, abocada ahora al cierre de casi todos sus negocios. «Nosotros no sacamos provecho de esto. Somos unos perjudicados más», ha defendido el presidente del grupo que cuenta entre sus negocios con la compañía aérea Air Europa y la red de agencias de viajes Halcón.

De Orizonia sólo se salvarán unas 150 oficinas de su red minorista (Vibo, la antigua Viajes Iberia) y parte del negocio de la aerolínea Orbest, adquiridos en el último momento por el grupo Barceló, que se ha comprometido a mantener a unos 800 trabajadores en sus puestos. También, en virtud del preacuerdo suscrito en diciembre entre Orizonia y Globalia, el grupo de Hidalgo se queda con la cadena hotelera Luabay, negocio que, según ha recalcado Hidalgo, carece de activos propios y sólo se ocupa de la gestión de once hoteles y tiene 700 trabajadores. «Ya hemos pagado la nómina de esos empleados», ha asegurado.

Globalia mantiene que en diciembre llegó a un preacuerdo de compra con Orizonia y le inyectó 21 millones de euros para que pudiera hacer frente a sus dificultades a cambio de la gestión de los hoteles de Luabay. El cierre definitivo de la operación –resalta– estaba condicionado a que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) diera su imprescindible permiso.

Quita condicionada

El acuerdo contemplaba el pago inmediato de 60 millones de euros por la compañía y otros 80 millones dentro de cinco años. «Nos dijeron que la autorización podría estar antes de un mes», afirma el director jurídico de Globalia, Ramiro Campos. Pero la luz verde de Competencia no llegó en el plazo esperado y Orizonia pidió el preconcurso voluntario. «Si inyectábamos el resto del dinero nadie nos garantizaba que Competencia fuera a aprobar la compra. Si no lo hacía, ¿quién devolvería a Globalia los 60 millones?», se ha preguntado Hidalgo, quien ha resaltado que la quita de los bancos ingleses acreedores de Orizionia también estaba condicionada a la autorización de la CNC.

El presidente de Globalia ha asegurado que su grupo ha estado «en todo momento» en contacto con las autoridades y que ha cumplido «con creces» su parte del trato. en ese sentido, aseguró que habló de la operación con «cuatro ministros y el presidente». «Y todo el mundo la veía con buenos ojos». Ramiro Campos, ha resumido que el principal culpable de la situación de Orizonia es «la ley», que «no prevé soluciones» ultrarápidas casos en que «una de las partes se encuentra en una situación de preinsolvencia y necesita una tramitación de urgencia y medidas extraordinarias que eviten que una sociedad en dificultades pero con un comprador acabe solicitando el concurso de acreedores».

De cara al futuro, Globalia asegura no querer comprar otras divisiones de Orizonia. «Ahora ya no estamos interesados en nada», ha recalcado Hidalgo.