Metamorfosis local

Comenzaba el último trimestre del año pasado y el Gobierno anunciaba la constitución de una comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Casi todos los gobiernos lo anuncian al principio de sus mandatos. También lo hizo ZP en 2005, pretendiendo llevarla a cabo con la Ley de Agencias y con la creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos. Se justificaba la creación de este modelo, en la necesaria modernización de la Administración. Todo un fiasco, sobre todo cuando se trata de la gestión por la izquierda de la «cosa pública». En síntesis, la reforma vino a crear más organismos administrativos y situar a la propia Administración al borde del colapso, por su exagerado tamaño. Ya se pueden imaginar cómo terminó ello. Su testimonio más fidedigno, la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, llamada ‘Ley del Enchufismo de la Junta de Andalucía’. De aquellos barros, estos lodos.

Se le exige al Gobierno inmediatez en las soluciones. Y una vez más hay que argumentar que el problema es el punto de partida de lo que se reforma. Una administración elefantiásica, ineficiente, inoperante y sobre todo muy cara, que merma las posibilidades de desarrollo del país. El problema en números se sintetiza en los siguientes: más de 20.000 entidades públicas de diversa naturaleza jurídica; 2,7 millones de empleados públicos y un gasto de funcionamiento de 166.000 millones de euros. Ante todo este maremágnum se anuncia la reforma de la Administración local. Se articula como proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El fundamento último y casi único, hay que buscarlo en las exigencias del artículo 135 de la Constitución Española, que consagra los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. A tal efecto, el Tribunal Constitucional ha dictado la Sentencia 157/2011, en relación con diversos preceptos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El juzgador constitucional vino a decir que se trata de un mandato constitucional, que como tal vincula a todos los poderes públicos y que en consecuencia, queda fuera de la disponibilidad del Estado y de la comunidad autónoma.

El proyecto toca cosas llamativas, sobre todo las relacionadas con la limitación del número de concejales y la limitación de los sueldos de estos, para los que vayan a cobrar, que representará el 18% del total. Pero todo esto es contingente. Lo realmente importante es que la competencia es para quien realmente la ejerce y además con eficacia. Se potencian las diputaciones provinciales, que asumirán las de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan capacidad para ello.

En el trámite parlamentario del proyecto de reforma debiera estar permanentemente presente J.M. Buchanan que dijo: «los políticos no gobiernan por y para el pueblo, sino por y para ellos mismos. No por el interés público, sino por el suyo propio. Es la justificación de la tendencia natural a la creación del déficit público».