Misterios tunecinos

Alí Laarayedh, un miembro de la dirección del partido islamista Al-Nahda, fue propuesto hoy en Túnez como su candidato a formar el nuevo gobierno y el presidente de la República, Moser Marsuki, le entregó la carta de encargo correspondiente.

El asunto es importante en sí mismo en primer lugar porque traduce la voluntad del partido de apaciguar los ánimos al designar a quien probablemente representa mejor que nadie la corriente moderada y dialogante del mismo, aunque en su condición de ex preso político (fue condenado a muerte y pasó quince años en la cárcel) es profundamente hostil a la tolerancia con el régimen del derrocado Ben Alí.

Pero también lo es porque hasta ahora era ministro del Interior, es decir, el responsable de aclarar el asesinato el día seis del opositor radical laico Chokri Belaid, cuyo esclarecimiento tanto importa. El suceso impresionó a la opinión, provocó disturbios y una fuerte alteración del escenario político y amenazó literalmente con romper los equilibrios que habían permitido formar el ejecutivo de coalición (Al-Nahda-Congreso por la República-Ettakatol, socialdemócrata).

Rumores, tesis e hipótesis

Ayer, por fin, el ministerio del Interior, es decir, el propio Laarayedh, hizo saber en un comunicado corto y muy preciso que "han sido detenidos sospechosos de estar relacionados con el crimen (…) aunque no ha sido identificado el autor material y los inductores". El ministro añadía que se trataba ciertamente "de un crimen político".

El lector habrá intuido ya que el jefe supremo de Al-Nahda, Rachid Ghanuchi, no habría escogido al ministro del Interior si diera alguna credibilidad a una tesis muy arriesgada puesta en circulación hace días por un famoso periodista local, Zied El Heni, quien en un programa de televisión y con una desenvoltura inhabitual dijo saber de un testigo informado que un alto funcionario de Interior "estaría involucrado en el asesinato".

Naturalmente, fue convocado por la policía a declarar mientras otros medios identificaban al funcionario, un director general del Ministerio llamado Mehrez Zuari. Se puede suponer racionalmente que aunque solo fuera por incompetente y por su falta de control de sus propios servicios, Laarayaedh no habría sido propuesto.

Por si fuera poco, un Comité de abogados creado para seguir el asunto y estimular la diligencia oficial en su investigación (Belaid era abogado) no vacila tampoco en dar opiniones y hacer anuncios. El último, a cargo de su presidente, el abogado Fauzi Ben Mrad, es que sabe de buena tinta que "tres argelinos entraron en Túnez y salieron del país horas después del asesinato".

Acabar con el punto muerto

El ambiente sucintamente descrito permite calibrar hasta qué punto ha impresionado la muerte del militante laicista y qué clase de agitación ha suscitado. Por eso su esclarecimiento, además de un acto de pura justicia, será un hecho central en el complejo y delicado proceso político-constituyente que vive el país.

En efecto, tal esclarecimiento, incluida la inducción política del crimen, que sin duda la tiene y eso ya se reconoce, podría ayudar decisivamente a mejorar la situación, muy degradada. Ya lo estaba antes del seis de febrero, día del suceso, porque está prácticamente detenido el proceso constituyente ejemplarmente puesto en marcha en su día. En octubre debía haber estado listo un borrador de Constitución pactado por una mayoría holgada de la Asamblea, pero eso no ha sido posible.

Una sensación de punto muerto se ha apoderado del país y de su clase política, tenida por solvente, cultivada y patriótica. Todavía hay tiempo para reordenar las cosas, nadie ha tirado la toalla definitivamente y el procedimiento previsto (otro gobierno de coalición lo más inclusivo que se pueda) está en marcha… Si en este momento fuera aclarado el asesinato y detenidos sus culpables e inductores, el hecho sería trascendente y, con seguridad, balsámico y beneficioso.