Deloitte ya dudaba en marzo de 2012 de la viabilidad de Bankia

Deloitte ya dudaba en marzo de 2012 de la viabilidad del grupo BFA-Bankia por la extrema debilidad de su estado financiero. Así lo ha asegurado el socio de la auditora, Francisco Celma, en su declaración como testigo en el caso que investiga el derrumbe de la entidad financiera. Según diversas fuentes jurídicas, el testimonio de Celma ha desmontado la teoría sostenida por la mayor parte de los consejeros de la entidad, quienes aseguraron que Deloitte no puso objeciones de importancia a las cuentas del grupo correspondientes a 2011, y que reflejaban beneficios de 309 millones de euros.

Celma ha contado ante el juez Fernando Andreu cómo el 26 de marzo mantiene una reunión con el comité de auditoría de BFA en la que advierte de que la situación del grupo había empeorado "sustancialmente" en los últimos meses. Concretamente, desde el 18 de octubre, fecha de la anterior reunión. En aquél cónclave, Celma había destacado dos puntos débiles en la marcha de la entidad: la valoración de Bankia dentro de su matriz, BFA (estimada en unos 8.500 millones de euros), y la recuperabilidad de los créditos fiscales.

En marzo, esa herida por la que supuraba el grupo se había gangrenado, según el testimonio de Celma. El 26 de marzo, el auditor expone que la recuperabilidad de los créditos fiscales necesitarían un beneficio futuro de 8.500 millones de euros. Y que, por añadidura, los nuevos requisitos de saneamiento exigidos tanto por Europa como por el ministerio de Economía habían puesto al banco en una situación que "hacía dudar de su viabilidad". Parecido diagnóstico ofreció el día siguiente, cuando se valoró la situación de Bankia.

Un día después, el consejo de administración de Bankia aprueba las cuentas de 2011 con unos beneficios de 309 millones. Celma está en desacuerdo con esa valoración y espera que el grupo financiero le presente unas cuentas que se ajusten más al estado real de la entidad bancaria. Es entonces cuando se pone en marcha un grupo de trabajo constituido por el comité de dirección de Bankia, el banco de inversión Lazard, la consultora Clifford Chance, y la propia Deloitte. El primer objetivo -descartado al poco tiempo- se centra en la posibilidad de fusionarse con otras cajas. El plan B pasa por conseguir fondos por valor de 7.000 millones de euros para sanear la entidad.

Un plan de obligatorio cumplimiento en virtud de los decretos del Ministerio de Economía -y que fue aprobado por el Banco de España-, pero que según Celma "tampoco garantizaría la viabilidad de la entidad". Con todo, el socio auditor mantiene una charla con Rodrigo Rato el 18 de abril en la que le asegura que, si consigue esos 7.000 millones, firmaría el informe de auditoría sin salvedades.

La negativa del ministerio de Economía a aceptar el plan de Rato precipita la caída de Bankia: primero, desencadena la dimisión de Rodrigo Rato, y luego la reformulación de las cuentas de la entidad a cargo del nuevo responsable, José Ignacio Goirigolzarri, y que arrojan pérdidas de casi 3.000 millones. Son estas las únicas cuentas que Celma audita porque son las únicas que recibe "debidamente formuladas" por parte de Bankia.

Será Goirigolzarri quien cierre este viernes el turno de declaraciones de los testigos del caso. El banquero cogió el timón de la entidad poco después de la dimisión de Rodrigo Rato, que tuvo lugar el 7 de mayo.