Diputación reclama a Zaragoza Urbana el pago de 2,8 millones por el contrato de Valcárcel

El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha resuelto por unanimidad la aprobación de dos acuerdos referidos al contrato administrativo especial que regula la enajenación del edificio Valcárcel de Cádiz, adquirido por la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones S.A. (Zaragoza Urbana). En primera instancia desestima la resolución planteada por dicha empresa que pretende la reversión del bien a la institución provincial y, además, reclama a la propietaria del inmueble el pago de 2.858.327 euros.

Según se ha explicado en el Pleno, el citado importe se obtiene en aplicación de las estipulaciones pactadas en el contrato que fue suscrito el 25 de junio de 2003. Valcárcel fue adquirido por 8.080.000 euros conforme a las siguientes cláusulas: Zaragoza Urbana abonó un diez por ciento de esa cuantía tras la transmisión del inmueble; una vez que la adquiriente lograse el cambio en la calificación urbanística del edificio -de educativo a hotelero- tenía que librar un 30 por ciento (2,4 millones de euros). El resto, se pagaría al finalizar las obras.

De esas previsiones sólo se cumplió el primer plazo, por lo que el Pleno de Diputación ha aprobado la liquidación de los 2.424.000 euros del segundo plazo de la compraventa más 434.327 euros en concepto de intereses de demora.

En el contrato se acordó el devengo de dichos intereses ante retrasos superiores a 30 días desde el cambio de calificación urbanística del inmueble. Esa modificación se hizo efectiva desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 2 de junio de 2009, así que los intereses de demora se calculan desde el 3 de julio de 2009.

El Pleno ha desestimado, asimismo, la propuesta de resolución del contrato que ha solicitado Zaragoza Urbana al considerar que "no hay causa legal" para alcanzar dicha pretensión. La Diputación considera que la titularidad del inmueble se transmitió desde la firma del contrato y que, con el cambio de calificación urbanística del Valcárcel, "se perfeccionó la transmisión de dicha propiedad".

Desde la institución provincial se entiende, además, que la conservación del edificio es una obligación del adquiriente, con independencia del proceso de cambio de su calificación. Cabe recordar que Zaragoza Urbana comunicó formalmente su propuesta de resolución del contrato el 21 de octubre de 2010.