El caso del espionaje desata una guerra por controlar la investigación

La supuesta trama de espionaje destapada en Cataluña, en la que ya hay cuatro detenidos, sumó ayer un ingrediente más a la rocambolesca historia de detectives, teorías de la conspiración y políticos que graban y son grabados: el de la lucha entre cuerpos policiales por controlar del caso.

Hasta ahora, la investigación la llevaba el Cuerpo Nacional de Policía, que asumió el caso a raíz de la denuncia que interpuso en una comisaría de Barcelona la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tras la publicación de su encuentro con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Pero el Gobierno catalán, molesto porque Interior había dejado a los Mossos d'Esquadra al margen, contraatacó y abrió las puertas del caso a su policía, que deberá investigar una denuncia presentada ayer por la vicepresidenta del Ejecutivo, Joana Ortega, que aparece como uno de los supuestamente espiados por Método 3.

El caso sobre el espionaje en Cataluña no ha hecho sino incrementar los recelos que desde hace meses existen entre el Gobierno central y el catalán, enfrentados por el proceso soberanista. En el caso de los espías, sobre la superficie hay un conflicto de competencias, entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esqudra, aunque en el fondo, lo que subyace es la custodia y gestión de una información que puede ser muy delicada y que afecta a muchas personalidades del mundo de la política, de la empresa, de la judicatura y de la sociedad catalana y de la que nadie quiere quedarse al margen.

«No se puede llegar hasta el fondo de un caso en Cataluña sin la colaboración de los Mossos d'Esquadra», dijo el Gobierno de Artur Mas, que anunció la formación de un gabinete de crisis sobre el espionaje que coordinará las medidas políticas y judiciales que emprenderá la Generalitat sobre los casos de presuntas escuchas y que involucrará a los Mossos en la investigación.

En este sentido, el Ejecutivo catalán ha empezado a rebuscar en los cajones y ha encontrado que el anterior Gobierno tripartito hizo al menos tres encargos a Método 3. Lo curioso es que uno de ellos no tenía nada que ver con temas de seguridad, sino que era un informe, de 30.000 euros de coste, sobre las avellanas y el sector de los frutos secos.

El Gobierno autonómico continuó abonando la teoría, apoyada por fuentes policiales catalanas que aseguraron en TV3 que ha aumentado la presencia de agentes del CNI en Cataluña, de que existe una cierta guerra sucia por parte del Estado hacia Cataluña. El director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz, quiere despejar todas las dudas y anunció su disposición a comparecer ante el Congreso, como había reclamado CiU, para aportar datos que demuestren que no ha existido ni existe relación entre el CNI y la agencia de detectives Método 3.

Tarde de registros

Conocer el papel que ha jugado el despacho en la trama sigue siendo clave y ayer, y por orden del juez, la Policía Nacional registró las oficinas de la agencia. Lo hizo un día después de que el director de la compañía, Francisco Marco, y tres empleados, Julián Peribáñez, Álex Borreguero y Elisenda Villena, fueran detenidos. Los agentes, acompañados por Marco y los dos fiscales anticorrupción del caso, buscaron documentación y sobre todo el libro de clientes. Los registros, que se mantenían al cierre de esta edición, se efectuaron también en la delegación en Madrid y en los domicilios de los arrestados, que podrían ser acusados de un delito de revelación de secretos.

Los agentes buscaron pruebas sobre el caso que destapó la trama, el espionaje a Sánchez-Camacho y la exnovia de Pujol Ferrusola. Los investigadores creen que Marco ordenó la grabación y que fueron Peribáñez y Borreguero los que técnicamente llevaron a cabo el seguimiento. Ambos lo reconocieron ante la Policía, aunque Borreguero dijo que montaron el dispositivo con el consentimiento de la presidenta del PP. Marco también apunta en esta dirección, que buscaría construir una línea de defensa, ya que si hay conformidad de una de las partes grabadas no hay delito. Desde el PP de Cataluña negaron de forma categórica que su presidenta tuviera conocimiento del espionaje.

También hubo desmentido sobre la posibilidad de que la reunión que la cúpula policial, con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a la cabeza, celebró en el restaurante La Camarga en abril del 2012 fuera espiada y grabada por la agencia.