Una reforma necesaria

La estructura de la Administración local tiende a adelgazar. El borrador de la reforma que presentó el pasado viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, supone un paso muy importante para logar mayor agilidad de los ayuntamientos y dotar de contenido a las diputaciones provinciales. Por fin una norma regulará el sueldo de los alcaldes, las retribuciones de los concejales y, al mismo tiempo, pondrá coto a la plantilla política que ocupa las corporaciones locales. Una de las medidas que recoge el borrador es la ampliación de competencias de las diputaciones. Para ello, la norma toca de lleno a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Estos consistorios podrán transferir de forma voluntaria a las diputaciones parte de su gestión en caso de que no puedan asumirlas. Este es el caso de los servicios de recogida de basuras, agua y gestión tributaria, entre otros asuntos. Igualmente reduce la estructura de concejales. La iniciativa primera del Gobierno es recortar en un 30% el número de ediles. En el caso de la provincia, se pasaría de los 716 actuales a 502. En esta misma progresión también se reduciría el número de concejales liberados con dedicación exclusiva y dejaría sin sueldo a los alcaldes y ediles de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. Esta reforma de las administraciones locales prevé un ahorro de 4.000 millones de euros a las arcas del Estado. Pero una de las grandes apuestas de la norma es acabar con las transferencias impropias que han asumido los ayuntamientos con el paso del tiempo. Es decir, competencias en materia de Sanidad, Bienestar Social y Educación. Los consistorios no tienen por qué absorber lo que el Gobierno de una u otra comunidad autónoma está obligado a mantener a toda costa.