La asociación conservadora de jueces desoye a sus bases y no secunda la huelga
MADRID.Actualizado:La comisión permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acordó ayer no secundar la huelga de jueces y fiscales prevista para mañana en los juzgados y tribunales de todo el país. El colectivo mayoritario de la carrera judicial, con un millar de afiliados, tomó esta decisión sin contar con algunos de sus comités provinciales, que votaron apoyar el paro contra las reformas que proyecta el Ministerio de Justicia.
La cúpula de la APM, presidida desde hace un mes por el magistrado Pablo Llanera, se descolgó así de la huelga con el argumento de que esta medida de protesta «no es la más adecuada en la actual situación de crisis institucional por la que atraviesa nuestro país», según un comunicado difundido ayer.
La APM apostó «por el diálogo y la razón» para exigir al ministro Alberto Ruiz Gallardón la retirada del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que resta poder a los jueces en la elección de su órgano de gobierno, y dio carta blanca a sus asociados para que secunden la huelga si lo consideran oportuno. De momento, los comités de Andalucía, Valencia, Madrid, Extremadura, Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha sí han apoyado el paro total de mañana.
En solitario
Resulta curioso que en octubre de 2009, cuando estaba al frente del Ministerio de Justicia el socialista Francisco Caamaño, la directiva de la APM protagonizó en solitario una huelga por la falta de medios materiales y humanos en los tribunales, pese a la inyección económica que supuso en aquel momento el plan de modernización del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por su parte, las cinco asociaciones de jueces y fiscales que conforman el comité nacional de huelga esperan un paro masivo y lamentaron ayer que el ministro Gallardón no haya abierto espacios de diálogo para solucionar los problemas endémicos del tercer poder del Estado. Asimismo, recordaron que el presidente Mariano Rajoy tampoco ha respondido a su llamamiento, lo que ha contribuido decisivamente a convocar la tercera huelga judicial en democracia.
Entre sus reivindicaciones figuran la paralización de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la abolición de las tasas judiciales, la reforma de la ley del indulto, la derogación de la ley que suprime a los jueces y fiscales sustitutos, la oposición a la privatización del registro civil o la falta de medios personales.