El Banco de España investiga un desfase contable en la inmobiliaria de Bankia

El Banco de España investiga Bankia Habitat, la división inmobiliaria de la entidad financiera, por una serie de descuadres en su actividad. Lo desveló ayer el actual gobernador Luis María Linde en el transcurso de su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Linde, citado en la causa como testigo, aseguró que la investigación partió de un informe del Banco de España fechado el 22 de junio, y que analizaba el plan de recapitalización elaborado por José Ignacio Goirigolzarri tras coger los mandos del grupo financiero.

En ese informe del regulador se ponían de manifiesto las «numerosas deficiencias» del plan. Entre ellas, que la política salarial y de retribuciones «sigue sin gestionarse como una empresa en crisis», o que el plan de eficiencia destinado a reducir los costes de la entidad «no es suficiente». Además, el documento deja constancia de «descuadres en la contabilidad de Bankia Habitat», lo que dio lugar a la investigación en curso. Según fuentes jurídicas, Linde no fue muy preciso en su testimonio, al afirmar que las pesquisas tienen como objeto «lo sucedido en Bankia», aunque sí concretó que se dedica un apartado específico al negocio inmobiliario sin aportar más detalles. Fuentes de Bankia negaron la versión de Linde y aseguran que, efectivamente, se detectaron una serie de irregularidades en Bankia Habitat pero que en ningún momento eran de contabilidad. Añadieron que en cuanto tuvieron constancia de estos problemas lo pusieron en conocimiento de las instituciones judiciales «porque nosotros éramos los primeros perjudicados».

A principios de este mes Bankia Habitat comenzó a comercializar los pisos y activos inmobiliarios que previamente había traspasado al llamado 'banco malo', ya que la Sareb aún no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo esa actividad. La Sareb recibió por parte de Bankia activos 'tóxicos' por valor de más de 22.000 millones, entre los que se incluyen pisos, terrenos y créditos a promotores.

Linde, cuya testificación solo duró tres cuartos de hora, se negó a valorar la gestión de Bankia anterior al 10 de junio, que es cuando él asumió la dirección del Banco de España. Por eso, ha quedado al margen del cruce de dardos envenenados en que se ha convertido el caso.

Hasta el momento, los distintos protagonistas del juicio han ido pasándose la pelota, sin que ninguno de los 33 imputados ni los cinco testigos que han desfilado por los tribunales hayan hecho ejercicio alguno de autocrítica.

Caso politizado

La investigación y los testimonios escuchados en la Audiencia Nacional han hecho aflorar el componente político que ha impregnado tanto el nacimiento como la salida a Bolsa y el desplome final de una entidad concebida como un gigante del sector pero que ha resultado tener los pies de barro. Las injerencias políticas, las presiones e incluso los recelos personales han jugado un papel protagonista en esta fase de la instrucción del caso.

Los puñales han volado en todas las direcciones. Buena parte de los imputados que declararon a finales del pasado año dirigieron los suyos hacia el Banco de España, al que acusaron, principalmente, de forzar la fusión de las siete entidades que dieron lugar al grupo BFA-Bankia.

Olivas, presidente de Bancaja, y Rodrigo Rato, anterior máximo dirigente de Bankia, aseguraron que el gobernador del Banco de España les coaccionó para que le entidad valenciana entrara a formar parte del grupo. Ninguno de los dos estaba de acuerdo con la operación. Tanto Fernández Ordóñez como el que era subgobernador por aquel entonces, Francisco Javier Ariztegui, negaron la mayor ante el juez. El primero de ellos nunca ha disimulado su falta de sintonía con el Partido Popular y varios de sus miembros.

En el tramo final de su mandato, que comenzó en 2006 y finalizó el pasado mes de junio, Fernández Ordóñez tuvo que transigir con la injerencia del Ministerio de Economía, comandado por Luis de Guindos, que rechazó el plan de recapitalización de Bankia que previamente había aprobado -con salvedades, eso sí- el Banco de España. Fue entonces cuando el supervisor «perdió el control» de la situación. A este respecto, De Guindos aseguró ayer en Moscú que «se tuvo que hacer en seis meses lo que no se hizo en tres años».

Fernández Ordóñez tampoco veía con buenos ojos a Rodrigo Rato, a quien no consideraba capacitado para dirigir el grupo financiero, si bien no era partidario de apartarlo de la dirección. Francisco Celma, socio de la auditora Deloitte, también ha estado presente en la práctica totalidad de los testimonios. Sobre todo en los de los 33 miembros del consejo de administración del grupo, incluido Rodrigo Rato.