No cabe uno más

Hagamos un ejercicio sutil de insumisión. Distraiga un centenar de euros de su próxima declaración de la renta, o simplemente trueque las cantidades de dos casilleros contiguos en el impreso de la Agencia Tributaria. Tenga la osadía de acudir a su entidad bancaria y solicite en ventanilla retirar de su cuenta corriente todos sus fondos, si es de los afortunados que aún no la tienen esquilmada. Si es más arrojado intente ingresar una cantidad superior a los tres mil euros en una cuenta que no sea la suya. Cuando estas situaciones se produzcan los estrictos controles establecidos por la administración, que con interés desasosegado establece como garantía de nuestro provecho, darán inmediatamente la voz de alarma y será llamado a capítulo. Sin duda tendrá que dar muchas explicaciones.

Ahora bien, al parecer distraer dinero público es algo más sencillo de lo que parece. Los sistemas de control son más laxos. Sin ir más lejos el Tribunal de Cuentas tarda hasta seis años en auditar las cuentas de las Administraciones Públicas y de los Partidos Políticos, teniendo en cuenta que legalmente las infracciones, que no delitos según ellos, prescriben a los cuatro años. La impunidad puede quedar garantizada. Si recurrimos a la Justicia, la interesada eternidad, hace que sus efectos ejemplificadores y disuasorios pierdan sentido. En el caso Pallerols, se ha tardado veinte años en juzgar la financiación ilegal de un partido político, que para colmo ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para eludir la condena, que no la culpabilidad. Tras veintitrés años de pujolismo son múltiples los contratos públicos que han beneficiado a su familia con ciertos aromas de corrupción, su prole se ha dedicado a evadir dinero, presuntamente. A los señores Bárcenas y Díaz Ferrán sus declaraciones de hacienda les han salido a devolver. Después de las últimas noticias que vienen de arriba, no se salva nadie ni nada. Mandatarios del sector sanitario, el más recortado en derechos desde que la democracia ha tenido a bien en quedarse a convivir con nosotros, presuntamente distraen dinero de color público para pagar fiestas privadas con confetis que podrían enterar a servicios de urgencias rurales de zonas aisladas. El caso Urdangarin huele realmente a podrido. Nadie sabe de los sobres en los casos de los ERE en nuestro gobierno autonómico, tanto dinero circulando y pasó desapercibido a lo ojos de muchos políticos de rancio abolengo. En los Consejos de Administración de las grandes Cajas de Ahorros, las que han hundido nuestro sistema financiero, los privilegiados elegidos, quien sabe cómo, servían de comparsa y firmaban en barbecho, como incompetentes e inconscientes, pero disparando con pólvora ajena.

Causa verdadero pudor social que los principales partidos de este país proponga un pacto para algo tan obvio como cumplir a raja tabla la ley, como hacemos día a día la inmensa mayoría de los ciudadanos.

No existe ninguna organización política o pública que no esté bajo sospecha de fraude. Dada la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos y de nuestras organizaciones es difícil entender que sucedan cosas que pasen desapercibidas a sus cúpulas dirigentes. Si fuera así «aquí, en este país, no cabe un tonto más».